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La propiedad intelectual, a debate

La 'ley Sinde' entra en punto muerto

PSOE y PP prorrogan el plazo de enmiendas para rescatar la norma en el Senado - La judicialización y el canon digital, escollos principales para la negociación

Anabel Díez

La ley Sinde entró ayer en su semana crucial y, lo que resulta más preocupante para el Gobierno, en estado de punto muerto. PP y PSOE negocian contra reloj para salvar en el Senado la norma que persigue el cierre de webs que sirven sin autorización legal contenidos sujetos a derechos de autor. Y aunque nadie quiere levantarse, sobrevuela en la mesa cierto clima de pesimismo; el plazo para presentar enmiendas termina hoy y el rescate tras el sonoro batacazo que la ley sufrió en el Congreso no parece asunto fácil.

El Gobierno y el PP solicitarán la prórroga del plazo de presentación de enmiendas hasta el próximo lunes, según confirmaron fuentes de ambos bandos. La negociación, lejos de aparcarse, se intensificará para intentar la salvación de la disposición final de la Ley de Economía Sostenible. Las claves de la negociación giran en torno a los plazos previstos en la ley para el cierre de páginas, la introducción de un sistema de arbitraje, el nivel de intervención judicial y un cambio en la regulación del canon digital que el PP considera insoslayable. Los dos últimos puntos son los más peliagudos. "Estamos dispuestos a a flexibilizar nuestras posiciones, pero sin desvirtuar el espíritu de la ley", señalan fuentes socialistas.

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Y se desvirtuaría, según la percepción de los socialistas, si se atiende el requerimiento del PP para alargar los plazos del cierre de las páginas y se deja todo en manos de los jueces. "La ley no servirá para nada si la resolución de un conflicto se prolonga durante un año", señalan las fuentes consultadas. Tampoco se puede aceptar la práctica supresión del canon digital, como pide el PP, "porque ese no es el espíritu de la sentencia del Tribunal Europeo [del pasado 21 de octubre]", argumentan los socialistas. En principio, el Gobierno estaría dispuesto a ampliar los colectivos que estarían exentos del canon, pero no parece dispuesto a llegar tan lejos como desean los populares.

Tras el fracaso en el Congreso del pasado 21 de diciembre, el Gobierno volvió su mirada a la bancada del PP, aunque durante la tramitación en el Congreso solo se dirigió a ellos en el último momento. Fue pocas horas antes de la votación, y tras el fracaso negociador con CiU, grupo en el que el Ejecutivo tenía puestas todas sus esperanzas después de que el PNV y Coalición Canaria les retiraran su apoyo. "Han venido a nosotros en los últimos dos minutos y como segundo plato", denunció el portavoz del PP, González Pons.

Las conversaciones entre ambos se reanudaron tras el parón navideño. Después de que el Gobierno, directamente La Moncloa y singularmente el jefe de Gabinete del presidente, José Enrique Serrano, tomaran las riendas de un asunto que acabó por convertirse en un problema inesperado. Junto a Serrano, la dirección del Grupo Socialista en el Senado, cuya portavoz es Carmela Silva, ya está también sobre la ley.

No es el rescate de la ley Sinde el único asunto crucial de esta semana clave para la protección de la propiedad intelectual, que comenzó con una intervención ayer de Teddy Bautista, presidente de la SGAE, en el Foro de La Nueva Cultura. La patronal de empresas de Tecnología de la Información y la Comunicación y las sociedades de gestión de derechos de autor se reúnen hoy con autoridades de los Ministerios de Industria y Cultura para fijar las bases de la negociación sobre el nuevo canon digital. Juntos buscarán adecuar el gravamen por copia privada a las exigencias de la reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que consideró indiscriminada la aplicación del canon en España.

Ángeles González-Sinde, en el Congreso, en diciembre.
Ángeles González-Sinde, en el Congreso, en diciembre.BERNARDO PÉREZ
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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).
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