Más de la mitad de los habitantes de Galicia habla siempre en gallego

Más de la mitad (el 52%) de los 2,7 millones de gallegos habla siempre en el idioma propio de la comunidad y cerca del 32% lo hace asiduamente, según datos extraídos del último censo de población. El gallego tiene a favor su fácil comprensión para los castellanohablantes.Estos datos confirman que el gallego es el idioma peninsular más extendido en su ámbito territorial. Al contrario que en Cataluña o el País Vasco, en Galicia apenas hay inmigración procedente de otras zonas de España, lo que ha contribuido a la pervivencia y extensión de su lengua. Los estudios no parecen indicar que el castellano esté amenazado, sino más bien al revés, ya que el uso del gallego es patrimonio del segmento de mayor edad de la población y de las zonas rurales.

Esta situación es esgrimida habitualmente por los grupos nacionalistas -muy influyentes en los ámbitos culturales y educativos- para reclamar a la Xunta de Galicia una política más decidida de apoyo al gallego. En esos sectores se propugna que toda la enseñanza se imparta en el idioma de la comunidad, dejando al castellano un estatuto casi de lengua extranjera.

Bilingüismo armónico

Pero la política oficial, respaldada por los dos partidos mayoritarios, va por otro lado. La Xunta la ha bautizado como bilingüismo armónico. Tan sólo existe la obligación de impartir dos asignaturas en gallego, aunque en el primer contacto de los niños con la escuela se tiende a respetar su lengua materna (casi siempre el gallego, en el caso de las zonas rurales). "Nuestro objetivo es que la población sea competente en el uso del castellano para comunicarse mejor y en el del gallego para sentirse mejor", apunta Manuel Regueiro, director general de Política Lingüística de la Xunta. "La inmensa mayoría de la población quiere la misma fortaleza para los dos idiomas", añade.

La Ley de Normalización Lingüística fue aprobada en su día por unanimidad de todas las fuerzas políticas, aunque posteriormente el Tribunal Constitucional eliminó el artículo que imponía el deber de conocer el gallego. Este texto establece que la única forma oficial de los topónimos es la gallega.

En la mayoría de los casos, la ley se limitó a consagrar el nombre que siempre se usó cotidianamente pero que el franquismo había proscrito. Sin embargo, subsisten algunos conflictos aislados, como en La Coruña, cuyo alcalde, el socialista Francisco Vázquez, se niega a aceptar el topónimo gallego (A Coruña) pese a que incluso se lo ha impuesto una sentencia del Tribunal Superior de la comunidad autónoma.