La película del cine catalán

La gala de los premios Gaudí que celebra mañana la flamante Academia del Cine Catalán tendrá chaparrón. La fiesta se verá aguada mediáticamente por la coincidencia, buscada, con la huelga de cines que ha convocado el gremio de exhibidores. Protestan por la Ley del Cine que promueve la Generalitat y que obliga a que en la mayoría de películas haya la mitad de copias en versión catalana, bien a través del doblaje o de la subtitulación, una opción esta última que la ley potencia con ayudas especiales en otros apartados. Los empresarios aseguran que será la debacle porque el público emigrará de las salas. La Generalitat defiende que Cataluña es bilingüe y se tiene que poder elegir entre ver cine en castellano o en catalán. En resumen, una auténtica película con un guión tan complejo como delicado

- 'Venenosa' lengua. La futura Ley del Cine consta de 54 artículos, de los cuales sólo uno, el 18, aborda el tema de la lengua. Es, claro, el que ha acaparado toda la polémica. Parte de la base de que las dos lenguas oficiales en Cataluña son el castellano y el catalán y cuando una película se ha rodado en otro idioma y se tiene que doblar o subtitular para su exhibición en Cataluña tiene que haber paridad entre las dos lenguas. Así, obliga a que la mitad de las copias que se distribuyan tienen que ser en catalán y la otra mitad en castellano. La excepción son las películas europeas para las que esta exigencia es válida sólo en los títulos con más de 15 copias. Por debajo de esta cifra podrán ser exhibidas con el doblaje o los subtítulos sólo en castellano. Las películas de producción catalana o española que no estén rodadas en alguno de los idiomas oficiales tendrá consideración de película europea y tendrán que doblarse o subtitularse. Es, por ejemplo, el caso de Ágora o de Mapa de sonido de Tokio, que se rodaron en inglés. Una película suramericana en castellano, en cambio, no tiene obligación de tener versión catalana. Los DVD distribuidos en Cataluña deberán tener también la versión catalana.

- Sí al catalán, pero no. Los exhibidores y distribuidores ofrecieron como alternativa a la ley la posibilidad de crear una red alternativa de cine en catalán con 53 pantallas para ir abriendo mercado. La Generalitat, a la que además se exigía que asumiera todos los costes, consideró insuficiente la oferta. Según datos del último Barómetro de la Cultura de Cataluña, el 82% de la población está de acuerdo en que las películas deberían estar disponibles en catalán y castellano, pero sólo un 3,8% de los individuos que fueron al cine vieron la película en catalán. Para distribuidores y exhibidores, es la demostración de la demanda real de catalán en el cine; para la Generalitat, eso es fruto de la desigualdad del mercado: según sus cifras de 2009, el 97,1% de las películas exhibidas en Cataluña estaban dobladas o subtituladas en castellano frente a sólo un 2,9% que lo estaban en catalán. ¿Huevo o gallina?

- Dos bloques políticos. La Ley del Cine ha dividido ya al parlamento catalán, eso sí, con predominio de favorables a su causa gracias a CiU, que está en todo de acuerdo con el tripartito excepto en la dureza de las sanciones, de hasta 75.000 euros, por lo que ha anunciado enmiendas. Por descontado, PP y Ciutadans se muestran contrarios y han anunciado ya sendas enmiendas a la totalidad. Iniciativa per Catalunya está de acuerdo en todo, mientras que para Esquerra Republicana de Cataluña la ley es la única perla que les queda antes del fin de la legislatura y de ahí que el consejero de Cultura, Joan Manuel Tresserras, pidiera que el proyecto se tramitara por la vía de urgencia. A los nacionalistas les ha salido un aliado definitivo: los socialistas, a través del presidente José Montilla, que defiende el proyecto de ley.

- Plazos y costes. Incluso en ERC se tiene asumido que, al final, el coste económico de este proceso será de la Administración. No es, afirman, una cuestión de dinero, algo en lo que coinciden con los distribuidores que se oponen para evitar precedentes y no porque esto les suponga un gasto excesivo. Saben, además, que tienen las puertas abiertas para conseguir ayudas para este concepto. Los exhibidores temen tanto el potencial boicot de las majors, frontalmente contrarias a la imposición de cuotas, como la pérdida de público que pueda conllevar la obligación de cine en catalán. También para ellos se preven ayudas compensatorias. Respecto a los plazos, el proyecto de ley establece que se aplicará progresivamente en el plazo de cinco años, si bien puede ampliarse durante la tramitación parlamentaria.