El peso institucional

La nueva composición del jurado del Premio Cervantes revela la intención del actual Ministerio de Cultura de integrarlo en un marco de decisión más abierto a la sociedad, lo cual es un primer paso de gran importancia. Sin embargo, no deja de suscitar alguna duda en cuanto a su concreción. En primer lugar, sigue teniendo un insistente tono de representación institucional. Lo que se ha hecho ahora es ajustar más las instituciones decisorias al territorio literario propiamente dicho, pero la elección de jurados sigue estando en manos del mundo académico y oficial de manera abrumadora, mundo que se caracteriza por su conservadurismo y por el rechazo a cualquier clase de expresión creadora no bendecida previamente. En buena lógica, la experiencia de otros países de sólida tradición cultural dice que las tres patas en que debe asentarse un premio de estas características son la Universidad, la Crítica literaria y los Creadores, siempre que sean capaces de dejar a un lado intereses de conveniencia o amiguismo y se atengan a una estricta exigencia de calidad, lo que no es tan difícil de conseguir si uno se pone a ello con un mínimo de desprejuicio y generosidad. En cambio, las asociaciones que eligen a los distintos jurados -dicho sea a favor de la verdad y sin ánimo de ofender- no son necesariamente garantes de la sapiencia y el gusto literarios que debe exigirse al jurado, puesto que no lo poseen por sí mismas. Además, el número de jurados parece excesivo para el empeño; al fin y al cabo en el Cervantes se trata de considerar la obra de toda una vida. En todo caso, los cortes bruscos no suelen ser convenientes y, dentro de la por ahora inevitable presencia de autoridades, más académicas que oficiales, el fantasma del Estado como valedor de los reconocimientos literarios se difumina considerablemente. Más complejo será poner en orden otros premios nacionales.