El Gobierno ha difundido hoy a través de la web del Ministerio de Economía y Hacienda el texto íntegro del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) en cuya disposición adicional primera [leer en PDF] se regula el cierre de webs que faciliten sin permiso contenidos protegidos por derechos de autor. Como ya avanzó EL PAÍS , serán instancias de la Audiencia Nacional las que decidan el bloqueo de una web. El anteproyecto detalla además quiénes serán convocados a una suerte de careo ante el juez antes de que se proceda al cierre de una página: un representante de la página denunciada, los dueños de los derechos de autor, un representante de la Administración y un fiscal. El juez escuchará previsiblemente tres voces a favor del cierre de la página expedientada y una en contra.

El anteproyecto señala que el magistrado "oirá a todos los personados y resolverá mediante un auto autorizando o denegando la ejecución de la medida", es decir, el bloqueo, en su caso, de la web denunciada. La decisión judicial y este careo deberán producirse, según el anteproyecto, en un plazo máximo de cuatro días.

Del texto publicado este lunes se deduce que el juez se limitará a decidir si el bloqueo de la web denunciada, solicitado por la Comisión, vulnera los derechos fundamentales recogidos en el artículo 20 de la Constitución (el relativo a la libertad de expresión).

Antes de llegar instancias judiciales habrá un proceso administrativo ejecutado por la futura sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual que "actuará conforme a los principios de objetividad y proporcionalidad". Ella será la que reciba denuncias por parte de los dueños de los derechos de los contenidos (productoras, discográficas, autores, entidades de gestión, etcétera) y la que, en caso de que los contenidos explotados sin permiso no sean retirados de forma voluntaria, pida medidas cautelares ante el juez. Si los contenidos son eliminados voluntariamente, no se adoptarán medidas contra las páginas expedientadas.

El texto del anteproyecto no da más detalles sobre el funcionamiento y la composición de la sección segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual. Habrá que esperar al reglamento de desarrollo de la ley para conocerlos, aunque EL PAÍS ya adelantó que estará formada por "expertos independientes".

La creación de este organismo administrativo ha desatado una fuerte polémica entre influyentes internautas españoles, que reclaman, entre otras medidas, la promulgación de una Ley Orgánica para regular esta materia así como que los jueces entren en el fondo de cada denuncia y no se limiten a decidir sobre el artículo 20 de la Constitución.

El anteproyecto deja abierta la puerta a más acciones civiles, penales y contencioso-administrativas por parte de los dueños de los derechos, así como al recurso por parte de los acusados ante la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

La Asociación de Internatuas (AI) ha convocado una rueda de prensa para mañana en Madrid en la que dará a conocer "los argumentos jurídicos y sociales por los que rechaza el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible", además presentará la Red SOStenible, que agrupa a organizaciones de internautas, bloggers, expertas en tecnologías de la comunicación, juristas, especialistas en derechos digitales y de autor, colectivos de creadores, productores y organizaciones de usuarias.

Piratería "galopante" en España

Sol, playa, flamenco y piratería en Internet. Ésa es la imagen de España en Estados Unidos. En mayo de 2009 un informe de la administración Obama abroncaba a España por su permisividad hacia las descargas ilegales. Ahora, el influyente semanario Variety afirma que "la piratería en España es galopante" y valora el anteproyecto de LES. Dan Cryan, un experto citado por Variety, asegura que las medidas que recoge la LES pueden ser efectivas. "Hay pruebas de que estas [medidas] combinadas con licencias para contenido autorizado, pueden tener un impacto en la piratería digital". Cryan pone como ejemplo el caso de Corea del Sur, donde el Gobierno ha implementado medidas que permiten a los dueños de los derechos sobre los contenidos perseguir a las páginas de descargas y, a la vez, ha potenciado las webs que ofrecen contenidos de pago. Según el semanario, en España no han tenido tanto éxito como en otros países servicios de contenidos digitales como iTunes. Además, señala que si unas páginas son bloqueadas, otras surgirán en su lugar.