El Congreso acelera la tramitación de la ley

Los grupos parlamentarios acordaron ayer acelerar la tramitación del proyecto de ley antidopaje para que el Pleno del Congreso lo pueda aprobar el 29 de junio antes de su envío al Senado.

La Mesa y los portavoces de la Comisión de Educación y Ciencia se reunieron para fijar el calendario de la tramitación de la ley, que incluirá una sesión en la que comparecerán expertos en materia de antidopaje y en medicina deportiva. Estas comparecencias, cuyo listado se cerrará hoy, se celebrarán de forma pública el próximo martes, 6 de junio.

Al día siguiente, la ponencia -una representación reducida de la comisión- se reunirá a puerta cerrada para examinar las más de cien enmiendas presentadas por los grupos al texto que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de marzo. El informe que redacte la ponencia se debatirá en la Comisión de Educación el 19 de junio como paso previo a la votación en el pleno de la Cámara Baja del día 29.

La tramitación del proyecto de ley continuará en el Senado en septiembre, puesto que julio y agosto son meses inhábiles. Si el Senado no modifica el texto que salga del Congreso, la ley quedará definitivamente aprobada, previsiblemente, a finales de octubre o principios de noviembre.

El proyecto de ley de Protección de la salud y de Lucha contra el dopaje en el deporte prevé, entre otras medidas, el endurecimiento de las sanciones por consumo y suministro de sustancias prohibidas, la modificación del Código Penal para que se pueda perseguir como delito la inducción y el favorecimiento del dopaje -lo que se conoce como entorno, no el deportista- y la creación de la Agencia Española Antidopaje.

La actual ausencia de una ley que castigue penalmente el dopaje ha supuesto que a los detenidos por la Guardia Civil en la Operación Puerto, que ha desmantelado una red de dopaje en Madrid, se les deba aplicar el supuesto de delito contra la salud pública.

Esta ley equiparará a España con los países del entorno cultural y económico, como Italia, que cuenta con una ley que penaliza incluso al deportista que da positivo en un control -al que se le aplica la doble vía de justicia deportiva y penal-, y Francia, en cuya ley, que permitió en 1998 la intervención de la policía en el caso Festina, y que fue posteriormente modificada, más se ha inspirado la española, promovida delsde el Consejo Superior de Deportes por el secretario de Estado, Jaime Lissavetzky, y su política de "tolerancia cero".