El Rayo Vallecano, salpicado por la crisis de Nueva Rumasa

La crisis de Nueva Rumasa también salpica al fútbol. El Rayo Vallecano, primer clasificado de la Segunda División, es una las 10 empresas para las que el grupo de la familia Ruíz-Mateos ha solicitado acogerse al artículo 5.3 de la Ley Concursal. Este artículo concede a las empresas un plazo de tres meses para negociar un acuerdo amistoso con sus acreedores y evitar la situación de suspensión de pagos.

Se trata pues de una situación preconcursal que, aunque permite a las empresas un respiro financiero porque, por ejemplo, evita la ejecución de embargos, no es el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) ni significa necesariamente una quiebra.

Eso quiere decir, como aclararon a EL PAÍS los representantes de las familia Ruíz-Mateos, que los "jugadores del Rayo, como cualquier otro trabajador del grupo" van a seguir cobrando sus nóminas, aunque Nueva Rumasa haya reconocido retrasos en el pago de las nóminas de algunas empresas del conglomerado.

Ruíz Mateos se convirtió en el máximo accionista de Rayo Vallecano en 1991, aunque pronto cedió la presidencia a su esposa, Teresa Rivero, y la gestión a sus hijos, con Zoilo y José María a la cabeza del conglomerado.

Aunque el Rayo entrara al final en suspensión de pagos (ahora todavía no lo está), su vida diaria no cambiaría mucho. De hecho muchos clubes de fútbol, pero también de baloncesto, han recurrido a la ley concursal para evitar la desaparición. El primer caso sonado fue el de la Unión Deportiva Las Palmas, que pidió ser intervenido por un juez en 2005. Le siguieron el Celta, Málaga, Real Sociedad, Jaén, Betis... Algunas de estas entidades ya han superado la situación de insolvencia.

La utilización de esta figura jurídica, pensada para las empresas insolventes, a las que ayuda a renegociar y ordenar los pagos pendiente, se ha utilizado también para evitar el descenso por razones económicas. El Gobierno ha impulsado una modificación de este