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El Senado propone pruebas de alcohol en los estadios y policías en la grada

PP y PSOE se ponen de acuerdo para traer a España medidas antiviolencia del Reino Unido

Pablo Ximénez de Sandoval

Quince años de nulos resultados frente al racismo y la violencia son suficientes. Desde que se aprobó la Ley del Deporte, "no hemos podido erradicar estas actitudes discriminatorias, generadoras de violencia, en los espectáculos deportivos cada semana", dice en su informe final, aún en fase de borrador, una comisión especial creada en el Senado para analizar la violencia en el deporte. El borrador recoge recomendaciones importadas del Reino Unido, como la presencia de agentes de seguridad infiltrados en la grada o controles de alcoholemia en los estadios.

Las recomendaciones finales serán después aprobadas por el pleno del Senado. El objetivo es que se conviertan en ley en pocos meses, a través de las modificaciones (enmiendas) que haga la Cámara alta a la Ley contra la Violencia en el Deporte, que actualmente está en trámite en el Congreso. La portavoz del PP en la comisión especial del Senado, la ex yudoca Miriam Blasco, destacó ayer que los grupos políticos han tratado de "ser realistas" y ponerse de acuerdo en medidas que se puedan llevar a cabo. Entre ellas, algunas muy concretas

sobre la seguridad y las sanciones:

- Controles de alcoholemia a la entrada. "Cuando así se estime necesario", y bajo las directrices de la policía, se deben hacer controles de alcoholemia a la entrada de los estadios para "evitar el acceso a los mismos por parte de aquellas personas que no se encuentren en condiciones". Faltan por matizar muchos aspectos, como quiénes deben pasar el control o cuál es el grado de alcoholemia peligroso. La portavoz del PSOE en la comisión, Patricia Hernández, explica que es "una invitación a estudiar fórmulas" que eviten la entrada de espectadores ebrios.

- Agentes infiltrados entre el público. El informe recoge la experiencia de Reino Unido y recomienda introducir en los estadios "miembros de las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad de paisano". Según confirman PP y PSOE, lo más probable es que no sean policías, sino agentes de seguridad privada, como sucede en el Reino Unido. También pide que los clubes formen a voluntarios para localizar a los violentos en la grada.

- Desalojar parte de la grada si es necesario. "¿Por qué van a pagar todos por unos pocos?", pregunta Miriam Blasco. A raíz de actos violentos, racistas o xenófobos, las fuerzas de seguridad deben poder desalojar sólo una parte del estadio. También se recomienda que los clubes emitan anuncios contra la violencia en los vídeomarcadores.

- Los violentos verán el partido en comisaría. Durante las comparecencias de profesionales del deporte en la comisión del Senado, ésta fue una de las sugerencias más repetidas. Se trata de que para aquéllos que ya han sido sancionados por violentos o xenófobos la prohibición de tener acceso al estadio sea real y efectiva. Por eso se propone "obligar a las personas sancionadas a que estén presentes en comisaría durante las horas en las que se celebren los acontecimientos deportivos".

- El cuarto árbitro debe denunciar. El Senado opina que "se debe modificar la legislación para que el cuarto árbitro y el delegado de partido puedan adquirir un mayor protagonismo a la hora de detectar los comportamientos racistas y xenófobos de manera complementaria al árbitro". Así, informarán al árbitro de lo que han visto en la grada para incluirlo en el acta del partido.

- El papel de los directivos. Durante las comparecencias ante la comisión, no fueron pocos los responsables del fútbol que trataron de convencer a los senadores de que los gritos racistas son una anécdota, fruto de la tensión y la rivalidad natural. Ésta es la respuesta del Senado: "Apelar a los responsables de los clubes para que no minimicen los actos de naturaleza racista". La comisión solicita también "de los directivos, entrenadores y jugadores que cuiden al máximo las manifestaciones previas" al partido.

- Sanciones del mundo real. La normativa de sanciones a los clubes por estos comportamientos se debe "adaptar a las cifras que se dan en la alta competición" para que tengan verdadero carácter preventivo.

- Los grupos 'ultras' son perseguibles. El Senado apela a la Fiscalía y los jueces "para que hagan uso del tipo penal de asociación ilícita en sus actuaciones frente a los grupos ultras".

- Prudencia de los medios de comunicación. El Senado "invita" a los periodistas a informar con "una mayor sensibilidad en el tratamiento de noticias y referencias que puedan contribuir a exaltar los ánimos de los espectadores y aficionados. Se invita a los profesionales a la elaboración de un código de estilo para la prensa deportiva".

Agentes antidisturbios, antes de un partido de fútbol entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.
Agentes antidisturbios, antes de un partido de fútbol entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.BERNARDO PÉREZ

Evitar más muertes

Dos muertos están detrás de las últimas medidas para luchar contra la violencia en el fútbol europeo. El Gobierno italiano se puso firme tras la muerte de un policía en Catania el 2 de febrero en una refriega de aficionados violentos y, tras un par de semanas con las gradas vacías, anunció el cierre de los estadios que no cumplan las normas de seguridad (16 de los 20 de la Serie A); obligación para los clubes de retirar la financiación a los ultras y prohibición de los viajes de éstos a campos contrarios. Esta medida sufrió ayer un revés cuando un juez autorizó precisamente a los seguidores del Catania a seguir a su equipo, algo que tenían prohibido hasta el final de la temporada, informa France Presse. El Catania está castigado a jugar siempre fuera.

En Grecia, la muerte de un seguidor del Panathinaikos la semana pasada con motivo de un partido de voleibol femenino ha llevado al Ejecutivo a suspender las Ligas 15 días y a cerrar 270 peñas. Además, la federación de fútbol debe supender el reparto de entradas a los radicales.

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Sobre la firma

Pablo Ximénez de Sandoval
Es editorialista de la sección de Opinión. Trabaja en EL PAÍS desde el año 2000 y ha desarrollado su carrera en Nacional e Internacional. En 2014, inauguró la corresponsalía en Los Ángeles, California, que ocupó hasta diciembre de 2020. Es de Madrid y es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense.

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