Hasta cuatro años de cárcel en España

Hace una semana Michel Platini estuvo en Madrid para participar en la celebración del centenario de la Federación Española. El francés, que siempre que puede saca la bandera de la lucha contra el fraude deportivo, se llevó además una buena noticia. El viernes 13 el Consejo de Ministros aprobó una reforma del Código Penal que introduce por primera vez en España un delito específico de soborno y fraude deportivo con el que se pretende facilitar la persecución de todo aquel que intente adulterar el resultado de una competición, desde directivos de un club a jugadores y árbitros. Los castigos previstos para este nuevo delito son: entre seis meses y cuatro años de prisión; inhabilitación de uno a seis años para ejercer actividades comerciales o industriales y multa equivalente al beneficio percibido y que puede alcanzar al triple de esa cantidad, en función de la gravedad.

"Con esta legislación España se pone a la cabeza de los países con una legislación más dura y vuelve a demostrar su tolerancia cero hacia estas conductas", asegura el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky. Italia, Alemania y Portugal están entre esos países. El responsable del deporte español ya anunció a principios de año su intención de sacar adelante esta reforma legal. Contaba con el apoyo de las grandes Ligas profesionales de España (de fútbol, baloncesto y balonmano), que el 5 de febrero firmaron un manifiesto para pedir la inclusión de este delito en la legislación española.

Detrás de esa unanimidad hay una creciente preocupación por el daño que los escándalos relacionados con amaños de partidos, que se han multiplicado con la explosión de Internet y de las apuestas online, producen en la credibilidad de las competiciones. Y la poca eficacia que tipos generales, como el soborno, la estafa o el cohecho, tenían a la hora de perseguir a los tramposos del deporte que, a menudo, veían cómo sus fechorías quedaban resueltas con una sanción administrativa o una multa.

La nueva reforma lo hará más difícil, aseguran sus promotores. Eso sí, habrá que esperar para comprobarlo pues el texto aún debe superar la tramitación parlamentaria y no entrará en vigor hasta seis meses después de haber salido publicada en el Boletín Oficial del Estado.