El polvorín argentino
Tras 224 muertes, la Federación y los clubes culpan a la sociedad de la violencia en el fútbol
"Todo pasa" es el lema que lleva grabado en su anillo Julio Grondona, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y uno de los vicepresidentes de la FIFA. Es una consigna que ha repetido a menudo desde que en 1979, en plena dictadura militar, accediera a la cúspide del fútbol argentino. Y es el lema que ha aplicado sistemáticamente en los últimos dos años mientras el fútbol de su país vive sumido en una situación de violencia sin precedentes que ha rebosado los estadios y adquiere tintes de guerra mafiosa ya no entre aficiones rivales, sino en el interior de grupos que luchan por el poder en sus respectivas tribunas. "La violencia es un hecho social", es el mantra que repiten todos los directivos de la AFA mientras se ha ordenado que se jueguen todos los partidos mientras sea posible. El fútbol no puede parar.
Lo que está en juego es un negocio ilegal millonario. La entrega gratuita de miles de entradas al año, los robos en las gradas, especialmente a personas que van solas, el tráfico de drogas a pequeña escala y los aprietes -o sea, extorsiones por amenaza- a los jugadores propios en entrenamientos y salidas de los estadios son parte de un sistema de tolerancia con los grupos ultras, los barras bravas, que ha adquirido carta institucional con la excusa, insostenible, de que estos grupos son fundamentales para animar a sus equipos.
"Hace seis años pensamos en darle facilidades a un grupo de muchachos que eran socios de River para que manejaran la tribuna, para que no hubiera droga, ni robos... pero fabricamos un Frankestein que no pudimos controlar", reconocía a una emisora porteña Héctor Cavallero, directivo del River Plate cuyo grupo radical, Los Borrachos del Tablón, vive desde 2005 una verdadera guerra civil entre dos facciones, la Banda de Gonzalo y la Banda del Oeste.
Una disputa con muertos, tiroteos y una violencia feroz mostrada sin pudor alguno ante las cámaras. "Es el mundo en que vivimos. Hoy te matan hasta por la vuelta en el supermercado", señaló el dirigente.
Cavallero es un ejemplo de la relativización total de la violencia que hacen las autoridades deportivas argentinas. El "grupo de muchachos" al que se refiere, los Borrachos, ya era sobradamente conocido por su negro historial hace seis años. De hecho sus tres líderes habían sido condenados a prisión en 2000 por estar involucrados en el asesinato de un seguidor rival acaecido en 1996.
A pesar de ello la directiva les entrega todavía entradas para la reventa por un valor mínimo de 456.000 pesos al año -más de 91.500 euros- sólo en partidos del campeonato regular, los torneos Apertura y Clausura. A eso hay que sumar amistosos, y competiciones internacionales, las aportaciones voluntarias de jugadores, los traslados a los partidos como visitantes y otros extras. El sueldo mínimo en Argentina apenas sobrepasa los 800 pesos.
Los jefes de las barras son celebridades. Así el máximo líder la La Doce, el grupo ultra del Boca Juniors, Rafael di Zeo aparecía en las revistas del corazón concediendo reportajes hasta que 2005 fue condenado a cuatro años de prisión por lesiones de arma blanca a un espectador en 1999. Di Zeo estuvo prófugo hasta que se entregó a la justicia en marzo de 2007 con la conexión en directo de varios canales y una entrevista exclusiva desde el interior del coche en que viajaba. Los jugadores de Boca le regalaron un televisor de plasma y un microondas para hacer más llevadera la cárcel y varios además le visitaron.
La Doce organizaba el "Adrenalina Tour" para turistas que querían vivir emociones fuertes con los radicales, al precio de entre 200 y 500 euros. Di Zeo además recaudaba dinero extra para pagar abogados y atender a los compañeros encarcelados. Su caída ha provocado una escisión en el grupo de radicales que hace dos semanas provocó un enfrentamiento a tiros y más de 100 detenidos.
En boca de José Luis Meiszner, secretario ejecutivo de la AFA, "suspender el campeonato es rendirse frente al crimen. No queremos que la delincuencia le gane al fútbol". Los 224 muertos del fútbol argentino hasta la fecha hacen preguntarse si no lo ha hecho ya.
Ultras asalariados
Las comisiones sobre los traspasos son un filón sobre el que se han lanzado los radicales. En 2006, el recién ascendido Godoy Cruz de Mendoza (a 1.000 kilómetros al oeste de Buenos Aires) vio cómo sus propios barras bravas obligaban a suspender varios partidos de casa. La directiva se había negado a pagar 40.000 pesos mensuales a los violentos, más los traslados a los estadios visitantes con sus correspondientes dietas... y un porcentaje sobre los traspasos. El Godoy Cruz ya no está en Primera.
Pero hay otros muchos casos en los que los ultras puede que hayan tenido éxito. Patrick Bubsy, intermediario del traspaso de Maxi Rodríguez al Espanyol en 2005, ha denunciado ante los tribunales argentinos que no cobró su comisión y que ésta había sido desviada hacia los ultras del River Plate. La oposición a José María Aguilar, actual presidente del equipo porteño, ha denunciado que cada vez que se produce un traspaso millonario se producen violentos choques entre los radicales por el reparto de las comisiones. En concreto apunta a la venta por 6,3 millones de euros al Lazio en julio de 2007 del portero Juan Pablo Carrizo, y a la venta de los derechos del delantero Gonzalo Higuaín a un grupo de inversionistas que luego lo traspasó al Real Madrid.
La tesis es compartida por Ezequiel Fernández Moores, periodista deportivo que asegura que en muchos casos los barras bravas son "asalariados" de los clubes y se llevan su pellizco de los traspasos.
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