El símbolo Valverde

El secretario de Estado, Jaime Lissavetzky, estaba ayer que fumaba en pipa. Los problemas de la bicicleta, sus relaciones con la nunca bien ponderada Operación Puerto, eran demasiado para él. Leyendo la prensa, se daba cuenta el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) de que todo su trabajo para que la Conferencia de Madrid fuera un éxito, un afán de cuatro años para que España recuperara el terreno perdido en la lucha contra el dopaje, corría peligro de pasar inadvertido, oculto tras el mucho más perturbador, mediático y simbólico caso Valverde.

El mensaje enviado desde la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y desde la Unión Ciclista Internacional (UCI) era rotundo: no habrá paz mientras Alejandro Valverde siga corriendo tranquilamente. Nadie podrá decir que la Operación Puerto ha sido un éxito mientras no se castigue al ciclista murciano cuyo perro se llama con el mismo nombre que el que figura en una etiqueta de una bolsa de plasma con EPO que se halla congelado en un laboratorio de Barcelona.

Poco les importaba a Jacques Rogge, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI); a Pat McQuaid, presidente de la UCI; a David Howman, director general de la AMA, que decenas de ciclistas españoles hayan tenido que colgar la bicicleta por la OP; poco opinaban de que otros sobrevivan con salarios bajos en equipos de segunda. Y ni siquiera se preocupan de intentar sancionarlos. "Sólo Ullrich y Basso han sufrido las consecuencias de la OP", repiten; "es inadmisible que en España no haya víctimas, que Valverde siga corriendo". Y el problema de Lissavetzky era que le criticaban a él directamente por proteger supuestamente al corredor.

"La AMA y la UCI incluso han recurrido ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) porque la federación española no ha abierto expediente a Valverde pese a que se lo ordenaron claramente", informó Lissavetzky, molesto por que no se respete en Madrid la ley de la hospitalidad, con invitados encantados de sacar los colores al anfitrión. El recurso ante el TAS en octubre, dos semanas después de que el tribunal garantizara al murciano la participación en el Mundial, fue acompañado de la petición de graves medidas cautelares que suponen, según el equipo jurídico de la federación española, "una enorme sanción previa". La corte suiza aún no ha admitido la demanda. El lunes empezará a estudiar las alegaciones españolas, cuya primera línea de defensa es negar al TAS jurisdicción sobre el caso. "La decisión de no abrir expediente sancionador a Valverde está tomada basándose en las investigaciones del CSD. Es decir, en cierta forma la ha tomado el CSD. Y una federación internacional no puede recurrir las decisiones, o no decisiones, de un organismo oficial nacional", explican los abogados españoles.

El TAS se tomará su tiempo y, si no atiende la petición española, decidirá si acepta las cautelares e instruirá un proceso que se prevé largo y complicado por la ausencia de pruebas claras -una confesión, un positivo...-. "Es lo mismo que el estudio de Zorzoli sobre la sangre de los ciclistas españoles", dice un experto; "como se basa en análisis a los corredores más sospechosos, sus resultados salen desviados, exagerados, por encima de la media europea". "Pero no", explica Mario Zorzoli, médico de la UCI; "el estudio que delata malas prácticas sanguíneas en España los últimos años, y sin síntomas de mejora en 2007, está basado en los análisis de todos sus corredores y no tiene más peso en sus resultados la sangre de los más sospechosos".