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La Audiencia absuelve a Botín, Amusátegui y Corcóstegui del caso de las jubilaciones del SCH

Las acusaciones particulares pedían penas de prisión de hasta 12 años para los tres directivos

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto hoy al presidente del Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, al que fuera copresidente de la entidad hasta agosto de 2001, José María Amusátegui, y al ex vicepresidente Ángel Corcóstegui, por el caso de las jubilaciones millonarias que recibieron estos dos últimos cuando abandonaron el banco, según ha podido saber ELPAIS.es de fuentes jurídicas.

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En concreto, el tribunal absuelve a los tres directivos de los delitos de apropiación indebida y administración desleal por el pago de 47,75 millones de euros a Amusátegui y de 108 millones a Corcóstegui en concepto de "retribución por sus servicios" tras su salida de la entidad. El tribunal considera que "no se ha probado que los administradores acusados hayan dispuesto, o se apropiaran o distrajeren dinero en perjuicio de la sociedad". "Se trata de actos de disposición que tienen una causa onerosa, son una contraprestación por los servicios realizados a favor del Banco como máximos ejecutivos con las facultades delegables del consejo de Administración. El pago se hizo por quien podía hacerlo, el Banco Santander Central Hispano, única empresa a la que pertenecían", explica la sentencia. Añade que "no se remuneró la titularidad de facultades, sino el ejercicio de esas facultades y la realización de tareas propias de los consejeros ejecutivos. Los pagos se hicieron en el seno de una relación orgánica, que viene determinada por la pertenencia a un órgano.

Los jueces encargados de juzgar el caso han sido el presidente de la Sala de lo Penal, Antonio Díaz Delgado, y los magistrados Raimunda de Peñafort Lorente y Luis Martínez de Salinas, quien además ha sido el ponente de la sentencia. El fallo ha sido adoptado por unanimidad y en el mismo también se ordena la devolución a Botín de dos avales bancarios por valor de 56,09 millones y 108,18 millones de euros, emitidos por La Caixa, que fueron depositados el 11 de mayo de 2204 ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 para hacer frente a las eventuales responsabilidades civiles que podían derivarse de este proceso.

Penas de cárcel

El presidente del primer banco español afrontaba una pena de 12 o 6 años de cárcel, que era lo que solicitaban las acusaciones particulares, que han ejercido el accionista minoritario Juan Francisco Franco Otegui y el ex banquero y condenado en el caso Banesto Rafael Pérez Escolar. Para los otros dos acusados, Amusátegui y Corcóstegui, se pedía una pena de 8 o 4 años de cárcel por el mismo motivo. El fiscal Fernando Burgos, en cambio, siempre ha apostado por la absolución para los tres banqueros al considerar que no habían cometido delito alguno. En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal dijo que los hechos de los que se acusaba a Botín y a sus dos ex directivos "no son constitutivos de infracción penal" por lo que "procede la libre absolución de los acusados". Añadía que, al no existir delito, tampoco había responsabilidad civil derivada del mismo.

Idemnizaciones

El juicio contra Botín comenzó el pasado 26 de enero en medio de una gran expectación mediática y se prolongó hasta el 18 de febrero. La vista se vio precedida de algunos incidentes procesales, como la sustitución de la presidencia del tribunal, que en principio iba a ejercer el propio presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, pero que tuvo que apartarse del caso tras aceptarse la recusación presentada contra este magistrado por una de las acusaciones.

Los hechos denunciados se iniciaron en el último trimestre de 1998, con las negociaciones para preparar la fusión entre el Banco de Santander y el Banco Central-Hispanoamericano, que concluyeron en un proyecto aprobado en los respectivos consejos de administración de ambos bancos el 15 de enero de 1999. Fue en el marco de dicho proyecto en el que se concretaron las indemnizaciones.

Según el Ministerio Público, el proyecto de fusión fue comunicado al Ministerio de Economía, al Banco de España y a la Comisión del Mercado de Valores, recibiendo además el visto bueno en las juntas generales ordinarias de accionistas de ambas entidades bancarias. Para los denunciantes, sin embargo, no se informó debidamente de los pagos millonarios, que redundaron en un claro perjuicio para los accionistas del SCH.

De izquierda a derecha, Emilio Botín, José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui, durante la primera jornada del juicio por el caso de las jubilaciones millonarias.
De izquierda a derecha, Emilio Botín, José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui, durante la primera jornada del juicio por el caso de las jubilaciones millonarias.EFE

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