El 'plan Baker' hace incompatible el pago de la deuda con el crecimiento de América Latina
JOAQUIN ESTEFANIA, La iniciativa del secretario del Tesoro norteamericano, James Baker, en la asamblea general del Fondo Monetario Internacional (FMI) celebrada en Seúl el pasado año reconoce la importancia del crecimiento económico para América Latina. Sin embargo, su puesta en práctica no permite compatibilizar el pago del servicio de la deuda con este crecimiento económico. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Acuerdo de Cartagena insinúan así un cambio de tendencia en la opinión de Estados Unidos sobre la deuda externa del Tercer Mundo que, por el momento, no deja de ser un juicio de buenas intenciones.
El llamado plan Baker fue presentado por el secretario del Tesoro norteamericano en la asamblea anual del FMI celebrada en Seúl en octubre del pasado año. En esencia, consiste en un programa de asistencia a las naciones más endeudadas del Tercer Mundo, mediante la aportación voluntaria por parte de la banca privada internacional de 20.000 millones de dinero fresco durante los próximos tres años. Asimismo, el Banco Mundial y otras agencias de asistencia multilateral entregarían alrededor de otros 10.000 millones de dólares. El plan Baker supone el reconocimiento, por primera vez dentro de la política oficial estadounidense, del problema de la deuda como una dificultad política y de la necesidad de acompasar las violentas estrategias de ajuste con un proceso de crecimiento de las economías. En general, las reacciones al plan han sido de grandes palabras y de buena voluntad, aunque nunca se haya aclarado su instrumentación práctica.Mejora de las condiciones
Mientras tanto, desde mediados de 1984 se inauguró en America Latina una nueva etapa de reprogramaciones de la deuda externa; se trata de la tercera ronda desde el verano del 82, cuando México decidió una suspensión de pagos unilateral de sus créditos. En general, y siempre según la CEPAL, las condiciones para la refinanciación representaron un cierto mejoramiento con respecto a los términos muy desfavorables acordados en los convenios anteriores e incluyeron también algunas innovaciones importantes".
La primera innovación fue la flexibilización del papel del FMI, hasta ahora intermediario permanente y obligatorio de cualquier tipo de operación. La banca privada, en algunos casos, no condicionó sus acuerdos de refinanciación a la firma de programas de ajuste previos revisados por el FMI. Venezuela y México son los ejemplos más claros de este estado de excepción. En el caso de Uruguay, los acreedores aceptaron refinanciar las amortizaciones correspondientes a un plazo mayor (tres años) que el cubierto por el programa de crédito contingente acordado, por el FMI.
El aumento en el volumen de las amortizaciones refinanciadas es otro cambio significativo. Cuatro países constituyen los ejemplos más explícitos: Ecuador (el monto de amortizaciones reestructuradas equivalió al 95% de la deuda total privada), Uruguay y México (con cerca del 70%) y Argentina (55%,). En total, los volúmenes refinanciados por los 11 países que suscribieron acuerdos superan los 100.000 millones de dólares, el 65% de la deuda privada existente.
En tercer lugar, del análisis conjunto, de los acuerdos firmados se desprende una reestructuración de la deuda a plazos mucho más largos que en rondas anteriores. México, República Dominicana y Venezuela reestructuraron los vencimientos de seis años; Ecuador y Uruguay, los de cinco; Argentina, los de cuatro; Chile, los de tres, y el resto de los países, las amortizaciones correspondientes a dos años, excepto en el caso de Cuba, que reprogramó sólo las de 1985.
Los interrogantes
La última innovación destacable es la refinanciación de la deuda externa en condiciones más favorables ole tipos de interés, plazos y comisiones de los créditos. El margen sobre el libor (tipo de interés al que se conceden los créditos internacionales en el mercado de Londres) cobrado por los bancos fue del 1,38% (frente al 2,25% en la primera ronda y el 1,85% en la segunda). Los plazos de amortización también aumentaron, fluctuando entre un mínimo de 10 años (casos de Costa Rica y Cuba) y un máximo de 14 años (México). Sin embargo, los plazos de gracia se redujeron de una media de cinco años en la segunda ronda a una media de tres en la actual. Por último, en las últimas reprogramaciones no se han cobrado, por el contrario, comisiones, salvo en los acuerdos con Cuba, Costa Rica y Honduras.
Bajo esta perspectiva, la pregunta que hay que hacerse es si cambiarán las tendencias de la renegociación con el plan Baker. Éste tiene cada día más apoyos teóricos, pero se mantiene el interrogante de si podrá instrumentarse y, sobre todo, si esta instrumentación será suficiente para impulsar una dinámica en el Tercer Mundo que dé para crecer y para pagar los servicios de la deuda externa simultáneamente. El Acuerdo de Cartagena (formado por los Gobiernos de los 11 países más endeudados de América Latina) y la CEPAL han valorado el plan del secretario del Tesoro norteamericano como un primer paso para entrar en vías de entendimiento entre deudores y acreedores, pero, por otra parte, estiman que es insuficiente.
Pero la respuesta definitiva de los deudores se dará en la reunión que el próximo mes de marzo celebrarán en Buenos Aires, invitados por el Gobierno argentino, los países en vías de desarrollo englobados en el grupo de los 24. En la capital argentina se tratarán de aunar los ánimos de las naciones más dispares, conjuntadas por el problema común de una hipoteca como su gigantesca deuda externa y de que surja una propuesta conjunta.
