Bruselas abre un proceso a España por no retirar las condiciones ilegales a la OPA sobre Endesa
Le concede sólo 15 días para suprimirlas y le advierte de que no permanecerá impasible ante una violación tan flagrante.- Industria reitera que las condiciones son legales
La Comisión Europea ha anunciado hoy la apertura de un procedimiento de infracción contra España por no haber retirado las condiciones ilegales a la OPA de Enel y Acciona sobre Endesa y le ha dado sólo 15 días laborables para suprimirlas, bajo amenaza de seguir adelante con el proceso sancionador.
El portavoz de Competencia del ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, ha dejado claro que, dada la negativa de las autoridades españolas a retirar las citadas medidas, a Bruselas "no le queda otra opción" que iniciar un procedimiento.
La Comisión ha dado a España 15 días laborables, en vez de los dos meses habituales, para responder a su carta de emplazamiento, una "señal clara", ha explicado Todd, de que no permanecerá impasible ante una violación tan flagrante de la normativa comunitaria.
El Ministerio de Industria, por su parte, ha insistido hoy en la legalidad de las condiciones impuestas a Enel y Acciona para comprar Endesa, y ha reiterado que el conflicto con la Comisión Europea reside en una diferencia de criterios jurídicos y acabará previsiblemente en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
Según han explicado a Efe fuentes de Industria, las condiciones impuestas a las dos compañías se ajustan a la normativa comunitaria, son "adecuadas, necesarias y proporcionales", y tienen como objetivo garantizar el suministro energético.
Ante los tribunales por la normativa de mercados financieros
En este orden de cosas, la Comisión Europea ha decidido hoy llevar a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) por no haber introducido en su legislación nacional la directiva sobre los mercados de instrumentos financieros (conocida como Mifid), pese a que el plazo para hacerlo concluyó el 31 de enero de 2007. El Ejecutivo comunitario ha denunciado también por el mismo motivo a República Checa y Polonia.
La nueva normativa permite a las empresas de inversión valerse de la autorización obtenida en un Estado miembro para prestar servicios financieros en otros países de la UE. Las entidades españolas, así como las de los Estados que quieran desarrollar sus actividades en España, no pueden disfrutar plenamente de las ventajas de este régimen a causa del retraso en la transposición de Mifid, según ha destacado el Ejecutivo comunitario.
Además, la Comisión Europea ha amenazado hoy a España con una denuncia ante este mismo tribunal si en el plazo de dos meses no pone fin a los retrasos en las devoluciones del IVA a los ciudadanos establecidos en otros países de la UE.
El ejecutivo de la UE ha enviado a Madrid un "dictamen motivado", el segundo paso del proceso de infracción comunitario, previo a la denuncia ante los jueces europeos. En el texto, el Ejecutivo comunitario señala que, aunque esas disposiciones han sido trasladadas al derecho español, "con enorme frecuencia" las devoluciones tardan más de lo establecido en la ley.
España, ante los tribunales por no aplicar la norma sobre instrumentos financieros
La Comisión Europea ha decidido hoy llevar a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) por no haber introducido en su legislación nacional la directiva sobre los mercados de instrumentos financieros (conocida como Mifid), pese a que el plazo para hacerlo concluyó el 31 de enero de 2007. El Ejecutivo comunitario ha denunciado también por el mismo motivo a República Checa y Polonia.
La nueva normativa permite a las empresas de inversión valerse de la autorización obtenida en un Estado miembro para prestar servicios financieros en otros países de la UE. Las entidades españolas, así como las de los Estados que quieran desarrollar sus actividades en España, no pueden disfrutar plenamente de las ventajas de este régimen a causa del retraso en la transposición de Mifid, según ha destacado el Ejecutivo comunitario.
Además, la Comisión Europea ha amenazado hoy a España con una denuncia ante este mismo tribunal si en el plazo de dos meses no pone fin a los retrasos en las devoluciones del IVA a los ciudadanos establecidos en otros países de la UE.
El ejecutivo de la UE ha enviado a Madrid un "dictamen motivado", el segundo paso del proceso de infracción comunitario, previo a la denuncia ante los jueces europeos. En el texto, el Ejecutivo comunitario señala que, aunque esas disposiciones han sido trasladadas al derecho español, "con enorme frecuencia" las devoluciones tardan más de lo establecido en la ley.
