Bruselas crea un registro voluntario para unos 15.000 'lobbies' europeos

La Comisión Europea decidió ayer crear un registro público de lobbies (grupos de presión) en el que figuren todas las entidades que trabajan para influir sobre las decisiones que adoptan las instituciones europeas. La inscripción será voluntaria y no sometida a sanciones, lo que quita mordiente a la medida. El vicepresidente Siim Kallas aseguró que si el sistema se revela insatisfactorio se buscará un régimen obligatorio en 2009.

Estimaciones generalizadas hablan de la existencia de unos 15.000 lobbistas en Bruselas representantes de unos 2.600 grupos de interés y con un volumen de negocio anual de entre 60 y 90 millones de euros, hasta ahora no sometidos a ningún control. "Sabremos cuántos hay cuando tengamos el registro", señaló ayer Kallas.

La Comisión incluye en el concepto consultorías de asuntos públicos, lobbistas corporativos, agencias de relaciones públicas, bufetes de abogados, grupos de estudios, ONG o las delegaciones de administraciones regionales de los distintos países, como las autonómicas españolas. Frente a la extendida idea de que los grupos de presión se mueven por intereses egoístas usando medios poco claros, el Ejecutivo comunitario mantiene que trabajar con las instituciones es una actividad legítima y útil que puede y debe tolerar el escrutinio público. Los lobbies deberán señalar en el registro para quién trabajan, qué objetivos buscan y quién y con cuánto se les financia.

"Confío en la gente"

"Yo confío en la gente", respondió Kallas cuando se le hizo notar la blandura de las condiciones impuestas a los lobbistas europeos frente al rigor que impera en Estados Unidos, donde, a pesar de las draconianas medidas, se han producido sonoros casos de delincuencia. "Hemos optado por la inscripción voluntaria, frente a la obligatoria porque en este caso el proceso legislativo sería muy largo y difícil", explicó el vicepresidente de la Comisión, que no quiso entrar en la razón de la dificultad del proceso parlamentario. "Confío en que dé resultados", insistió. El objetivo es abrir el registro dentro de un año y darse otro más para ver cómo funciona.

Quienes opten por registrase se beneficiarán del reconocimiento de su actividad y recibirán alertas en sus áreas de interés. Las opiniones de quienes no estén inscritos serán tratadas como si fuesen de particulares. Aunque no hay sanciones penales previstas, la Comisión considera que perderán credibilidad quienes sean excluidos del registro por incurrir en conducta inadecuada. Para más adelante queda la elaboración de un código de conducta para los lobbistas.