Bruselas investiga a España por la regulación de las tarifas eléctricas de 2005

La Comisión Europea ha abierto una investigación formal sobre las tarifas eléctricas reguladas en España, para determinar si los precios artificialmente bajos de los que se beneficiaron los clientes industriales en 2005 pueden representar una ayuda de Estado ilegal.

El Ejecutivo comunitario ha asegurado, en un comunicado, que su investigación no afecta a las tarifas reguladas para las pequeñas empresas y los consumidores domésticos.

Las tarifas reguladas provocaron en 2005, según bruselas, un déficit de 3.800 millones de euros en el sector eléctrico español, que será financiado por un nuevo gravamen a pagar por todos los consumidores españoles en su factura de electricidad durante los próximos catorce años.

El objetivo de la investigación es evaluar si las tarifas aplicadas en 2005 a las grandes y medianas empresas que tienen un elevado consumo energético y a los operadores tradicionales en el sector eléctrico supusieron una ayuda de Estado y, si se confirmara, dicha ayuda "podría dar lugar a falseamientos desproporcionados del comercio y la competencia" dentro de la UE.

La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, señaló que, aunque "algunos sectores de la industria europea están pasando momentos difíciles" por el elevado precio de la energía, hay que evitar falseamientos de la competencia que impiden a los consumidores aprovechar al máximo las ventajas de un mercado liberalizado y que favorecen injustamente a determinadas empresas.

La decisión de abrir una investigación ofrece a las partes interesadas la oportunidad de presentar sus observaciones sobre la medida propuesta y, según Bruselas, no prejuzga el resultado de la investigación.

Dado que solamente los operadores tradicionales de energía pudieron ofrecer las citadas tarifas reguladas, la Comisión también ve posible que ello impidiera a nuevos proveedores introducirse en el mercado eléctrico español e incluso que algunos competidores recientes decidieran abandonar su actividad en España.

Las mismas fuentes han recordado que la investigación sobre la competencia en el sector energético que llevó a cabo el año pasado ya puso de manifiesto los problemas de competencia que plantean las tarifas artificialmente bajas reguladas por el Estado.

El pasado mes de diciembre Bruselas ya abrió un procedimiento de infracción contra España al considerar que las tarifas reguladas podrían ser incompatibles con la normativa europea sobre liberalización del mercado eléctrico.