Castilla-La Mancha cierra un pacto con patronal y sindicatos

Un paquete de 85 medidas que movilizarán más de 2.000 millones de euros. Es la apuesta del Gobierno castellano-manchego para tratar de salir del bache en el que nos ha metido la crisis. El Pacto por Castilla-La Mancha -es el nombre del documento firmado ayer por el Gobierno regional, patronal, sindicatos, las cinco diputaciones provinciales de la comunidad y los municipios- pretende ser "el camino para trabajar juntos y salir de esta coyuntura complicada", en palabras del presidente regional, José María Barreda. Once días más tarde de que el Gobierno central diera carpetazo al diálogo social, el también socialista Barreda ha acordado una iniciativa anticrisis con patronal y sindicatos.

Las obras públicas e infraestructuras ocupan un papel preponderante en el pacto. Los Presupuestos regionales para el próximo año contemplarán una partida superior a los 1.000 millones de euros para este fin. El proyecto incluye además una iniciativa anunciada el pasado mes de abril: el plan de choque contra el desempleo que preveía contratar a 11.000 parados que hubieran agotado el derecho al subsidio. El Gobierno ha recibido en los menos de dos meses que lleva en marcha este plan de choque más de 4.000 solicitudes de desempleados; y unas 1.500 personas ya están trabajando con cargo al Gobierno regional. La idea es que tras estos seis meses pagados por Castilla-La Mancha el afectado genere de nuevo los derechos para cobrar el subsidio del Inem.

El Pacto por Castilla-La Mancha se asienta sobre dos patas: medidas coyunturales ("lo urgente", según un portavoz de la Junta) y las estructurales ("lo que hay que hacer para cambiar el modelo productivo"). Los 2.000 millones presupuestados se incluyen dentro de este pilar coyuntural, que pretende fomentar sectores como las energías renovables, la aeronáutica, la I+D+i y la formación.

El pacto recoge la propuesta hecha por los sindicatos de crear una renta básica de ciudadanía para todos los castellano-manchegos. El Gobierno de Barreda estudiará la viabilidad de esta idea a la luz de la futura ley de servicios sociales.