Cataluña abre a concurso el despliegue de una red pública de 'telecos'
La poca rentabilidad del plan, en vísperas electorales, desanima a las empresas
El Gobierno catalán ha puesto en marcha la adjudicación del proyecto Xarxa Oberta, una red de fibra óptica de nueva generación que conectará 5.843 sedes de la Administración Pública catalana, y 946 municipios. El proyecto arranca lleno de incertidumbres. La licitación no ha despertado el interés que se esperaba en las empresas debido a su escasa rentabilidad, los problemas que puede plantear Bruselas por posible competencia desleal a las redes privadas y el trasfondo político del mismo, impulsado por ERC dentro del Gobierno tripartito.
El escollo financiero es el que más dudas plantea. El consorcio adjudicatario deberá invertir más de 800 millones de euros (662 millones, más el IVA y la desviación de la inflación) en 20 años, sin que esté asegurado el retorno de esa inversión. Según las bases del concurso, se estima una rentabilidad del 6,5%, un margen muy estrecho si se tiene en cuenta que los precios de las telecomunicaciones bajan año a año. En 20 años de concesión, el proyecto puede ser altamente deficitario, sin que la Generalitat garantice una compensación, según fuentes del concurso.
La red conectará escuelas y hospitales, y, en 20 años, será de la Generalitat
Sólo tres consorcios de los cinco previstos se han interesado por él. Se trata de las catalanas Abertis y Mediapro (con la canadiense Axa), y de Telefónica, todas con fuertes contratos con organismos del Gobierno catalán. Abengoa (Telvent), Gas Natural (Unifet) y Boygues, que habían mostrado interés, se han descolgado. La presentación de ofertas vinculantes está prevista para antes del 20 de mayo, y la adjudicación, antes de verano. Se producirá antes de las elecciones autonómicas, en otoño. Al Gobierno catalán, y en particular a ERC, le interesa dejar atado uno de los proyectos por los que lleva tiempo apostando, y que ha ido tamizándose respecto de su diseño inicial por la presión de los socialistas. Ahora nadie habla ya de "un operador público catalán".
Si el proyecto sale adelante, la Generalitat será dueña de una gran red de fibra óptica en Cataluña, con dinero avanzado por un privado. Aunque la red de fibra óptica de nueva generación conecte los organismos públicos catalanes, se venderá la capacidad sobrante de esa red al mercado mayorista en competencia abierta con las operadoras privadas como Telefónica, Ono u Orange, lo que puede plantear problemas de competencia desleal. La Generalitat ha tenido que someter este aspecto a la Comisión Europea. Para evitar una posible decisión negativa de Bruselas, las bases del concurso han excluido la zona metropolitana de Barcelona (el 70% del mercado catalán de las telecomunicaciones) de las zonas donde se puede dar servicio mayorista. Esta restricción y las que pueda poner Bruselas restan más atractivo para las empresas.
