Colonial accede a vender su 15% de FCC pero sólo por encima del valor de mercado

Inmobiliaria Colonial está dispuesta a vender el 15% del capital que controla en el grupo constructor FCC por un valor intermedio entre los 78 euros que pagaron por las acciones y el valor actual de cotización, 34,57 euros.

En una rueda de prensa previa a la Junta de Accionistas, el consejero delegado de la inmobiliaria, Mariano Miguel, se ha mostrado contrario a vender las acciones que controla en la constructora a su cotización actual a los candidatos que FCC ya anunciado que están dispuestos a comprar.

En cuanto a la venta de su participación en la francesa SFL, en la que controla el 84%, Mariano Miguel ha asegurado que ya han seleccionado a cuatro candidatos de los que espera recibir una oferta en firme en la primera quincena de julio.

La crisis inmobiliaria también ha afectado a la inmobiliaria Aisa, que actualmente está renegociando 210 millones de euros de deuda bancaria y espera volver a cotizar en breve, según ha manifestado hoy su residente, Genís Marfá, en un encuentro con la prensa tras la junta de accionistas que se ha celebrado en Barcelona.

Aisa renegocia su deuda

Marfá ha explicado que ha encargado la negociación de la deuda a Ahorro Corporación y que desea que la misma se lleve a cabo lo antes posibles antes de garantizar que cuenta con el respaldo de Cajasur, entidad que, ha dicho, "nos ha manifestado su apoyo por escrito en una carta".

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió la cotización del valor indefinidamente hasta que se clarifique la postura del auditor.

Por este motivo y ante las críticas escasas pero contundentes de algunos accionistas, Marfá ha afrontado una junta difícil y ha jugado su mejor carta: el auto del juzgado mercantil número cinco defendiendo la solvencia de la compañía y asegurando que no ha de ir a concurso -el equivalente a la antigua suspensión de pagos-, tal y como le reclamaba la aseguradora Asefa.

Para el futuro, Marfá ha asegurado que la estrategia de su grupo pasa por reducir costes -ajustando personal- y acelerar la gestión de suelo, tal y como ya está haciendo con el que el grupo Aisa tiene en Málaga.