Comienzan los trámites para la apertura del juicio contra Emilio Botín por fraude fiscal

El juzgado de instrucción número 3 de Santander ha iniciado los trámites para la apertura de juicio oral contra el presidente del grupo Santander, Emilio Botín, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y apropiación indebida, derivados de la entrega, en 1994, del 1% de las acciones de Banesto a 13 directivos.

El juzgado insta en el auto a continuar la tramitación de las diligencias por el procedimiento abreviado y da traslado del mismo al fiscal y a las partes para que, en el plazo de 10 días, formulen sus escritos de acusación, solicitando la apertura de juicio oral. Junto a Botín, también están imputados en este caso los que eran miembros de la Comisión Ejecutiva del Santander cuando se entregaron las acciones de Banesto: Matías Rodríguez Inciarte, Dimas Blanco Valdivielso, José Luis Díaz Fernández, Rafael Alonso Botín, Rodrigo Echenique, Juan Secades e Ignacio Benjumea, Juan Carlos Rodríguez Cantarero y José María Espi.

La causa se inició a raíz de una querella del ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar y en ella se investiga si el Santander cometió un delito fiscal al no hacer las retenciones tributarias correspondientes cuando en 1994 entregó esas acciones a los 13 directivos que puso al frente de Banesto para que lo reflotaran. Fuentes del grupo Santander han indicado que recurrirán la resolución adoptada por el juzgado, que han calificado de "sorprendente".

"Total transparencia"

Por otra parte, señalaron que "el banco ha actuado siempre con total transparencia. "El pago de los impuestos se hizo en la más estricta aplicación de la ley", afirmaron las fuentes. Según estas, "se pagó el triple de lo que hubiera resultado de seguirse el criterio de Hacienda que, paradójicamente, saldría perjudicada de prosperar su interpretación".

Frente a esta versión, las acusaciones -Fiscalía Anticorrupción, Pérez Escolar y la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC)- mantienen que el Santander debería haber efectuado las retenciones en 1994, en el momento de entregar los 6,47 millones de acciones de Banesto a 400 pesetas -su valor nominal-, cuando su cambio medio en bolsa era de 848 pesetas. Las diligencias sobre este caso se encuentran repartidas en cuatro provincias (Madrid, Vizcaya, Barcelona y Santander), vinculadas al lugar de residencia de cada uno de los directivos de Banesto en 1994 y a la sede del Grupo Santander.

Varios juzgados de estas provincias analizan desde hace seis años una irregularidad tributaria ligada a 6,47 millones de acciones de Banesto que recibieron estos ex directivos, condicionadas al Plan de Viabilidad de la entidad financiera, intervenida en 1993. Una vez fue adjudicado el Banesto al Banco Santander en abril de 1994, el presidente del Santander, Emilio Botín, ofreció seis millones de acciones del banco intervenido -un 1% del capital social- a Sáenz y su equipo de directivos.

Una investigación que comenzó hace tiempo

Mediante un acuerdo con los directivos y el Bank of America, el Banco Santander mantuvo su derecho de recompra sobre estas acciones hasta septiembre de 1998, una vez fue presentado el Plan de Saneamiento de Banesto y el banco que preside Botín dio por alcanzados los objetivos marcados. Fuentes de la defensa de Sáenz -quien fue designado por el Banco de España administrador de Banesto en diciembre de 1993- recuerdan que en 1998, cuatro años después de este acuerdo de cesión de acciones, el banquero hizo frente a sus obligaciones fiscales y que, por ello, no habido daño a las arcas públicas.

Precisamente el juez de Móstoles, quien archivó las acusaciones contra Rodríguez Cantarero -actualmente jubilado- consideró, en su auto de sobreseimiento, que la Hacienda Pública no ha resultado perjudicada pues se han ingresado 888.000 euros cuando el fisco reclamaba tan solo 224.600 euros. Varios informes periciales de la Agencia Tributaria, presentados ante los juzgados de Alcobendas y Móstoles, mantienen que la calificación del beneficio obtenido de las acciones de Banesto por los ex directivos era una "retribución en especie".

Según este informe, los administradores de Banesto recibieron el 1% del capital social de esta entidad (más de 6 millones de títulos a 400 pesetas por acción) desde el Banco Santander en el año 1994, cuando su cambio medio ponderado en bolsa era de 848 pesetas. La investigación de este presunto delito comenzó en 1998 fruto de una inspección fiscal que dio lugar al procedimiento abierto en el Juzgado de Alcobendas (Madrid), donde están personados como acusación tanto la Fiscalía Anticorrupción como el abogado Rafael Pérez Escolar, ex consejero de Banesto durante la época de Mario Conde, y la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes.