Delphi anuncia la extinción de todos los contratos de Puerto Real

La Delphi Automotive Systems España, SL (DASE), anunció ayer la presentación la próxima semana de un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción de los 1.539 contratos que la compañía de automoción tiene en Puerto Real (Cádiz). Ese expediente iría con un plan social de acompañamiento, cuyo contenido se concretará la semana que viene. Así lo comunicaron portavoces de la empresa en una reunión mantenida ayer en Sevilla con la Junta de Andalucía y los sindicatos.

Delphi justifica la medida por las pérdidas acumuladas por la factoría de Puerto Real de 150 millones de euros en los últimos cinco años, aunque en un documento entregado al Gobierno andaluz en junio de 2006 para pedir una prórroga de subvenciones defendía la viabilidad de sus cuentas.

La reunión entre las partes se organizó en la Consejería de Empleo. Era el segundo encuentro que sentaba en la misma mesa a todas las partes -el primero fue en un hotel de Puerto Real el pasado 13 de marzo-, aunque el resultado fue similar. La compañía mantuvo ayer su intención de cerrar la fábrica de Puerto Real, una decisión justificada en la crisis general del sector y la particular que atraviesa la compañía matriz en Estados Unidos, donde la empresa tiene intención de clausurar 21 de sus 28 plantas.

La semana que viene habrá una nueva reunión en la que Delphi concretará cómo se realizará el ERE y en qué consistirá el plan social que acompañará a ese expediente. "El ERE es un requisito que marca la ley en caso de cierre", explicó un portavoz de la compañía.

El presidente del comité de empresa, Antonio Pina, criticó ayer la actitud de la compañía, a pesar de reconocer que, por primera vez, Delphi ha planteado medidas que contempla la ley para atender el cierre de la factoría. "Que se sepa que los responsables de Delphi no cumplen. Ellos firmaron un plan que garantizaba la actividad hasta 2010", denunció. Pina alertó al resto de factorías en España y Europa que Puerto Real "ha sido un tubo de ensayo" y que, tras él, llegarán más cierres. Pina dejó claro que los trabajadores no permitirán que la compañía se lleve maquinaria de la fábrica. "Les dejo claro que es patrimonio de los gaditanos", aseguró.

El viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, detalló que el ERE se deberá negociar entre las partes durante un periodo mínimo de un mes y que tiene que ser la juez Nuria Orellana, titular del juzgado de lo mercantil que está estudiando la declaración de insolvencia de la compañía, quien tome la decisión. A pesar de reconocer la "dureza" del anunció de Delphi, Barberá avisó a la compañía de que su actuación "está al margen de la ley". Su homólogo en Innovación, Jesús María Rodríguez, confirmó que la Junta mantendrá todos los procesos judiciales abiertos contra la empresa. "La apariencia de legalidad no nos vale. Delphi está incumpliendo, porque ha sido una crisis económica provocada", detalló.

La Junta de Andalucía va a probar esta acusación en el proceso concursal abierto en los juzgados de lo mercantil aportando un escrito remitido por Delphi en junio de 2006 a la Consejería de Innovación en el que la compañía solicitaba una prórroga de subvenciones. Para poder recibirlas la empresa tenía que acreditar tener recursos propios de 49,3 millones de euros, algo muy alejado de lo que reflejaban ya entonces sus cuentas de la fábrica de Puerto Real. En el escrito, la compañía reconoce que las cifras aportadas en anteriores balances no se ajustan a la realidad. Por ejemplo, admite que se hizo provisión de fondos por menos del valor de la maquinaria, que era de 52,8 millones de euros, o que hay activos "claramente infravalorados" como el valor del terreno que Delphi situó en 1,2 millones de euros cuando realmente superaba los 25 millones de euros. El Gobierno andaluz aportará este documento para demostrar que la compañía "maquilló" su situación económica para justificar el cierre.