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EconomíaELPAIS.es 04/04/2006
La directiva Bolkestein es un proyecto de ley europeo que pretende facilitar el trabajo a las empresas de servicios de la UE para que puedan operar sin trabas en todos los estados de la Unión. Por ejemplo, mediante la creación de la ventanilla única. Ésta ahorrará papeleo, tiempo y costes a los empresarios, que no tendrán que dirigirse a las diversas administraciones del Estado de acogida.
El proyecto fue aprobado por la Comisión Europea a principios de 2004. El texto, presentado por la anterior Comisión de Romano Prodi, fue llamado así en honor al holandés Frits Bolkestein, entonces comisario de Mercado Interior y principal responsable de la misma.
El punto más conflictivo era el "principio del país de origen", que permite a la empresa regirse por las leyes del Estado en que se haya constituido y no por las del país en el que presta servicio. Este principio, que para la izquierda significa una "rebaja de los derechos laborales" porque permitiría contratar a los trabajadores con salarios más bajos y menos derechos, ha sido eliminado de la directiva por el Parlamento Europeo y posteriormente ha desaparecido de la nueva propuesta de la Comisión, pero su contenido permanece, con el campo de actuación algo más restringido.
Francia, Suecia, Bélgica y Alemania se han manifestado en contra. En la Eurocámara, los Verdes y la Izquierda Unitaria Europea también han manifestado su rechazo a la directiva, además de los sindicatos y el Foro Social Europeo. En su momento, la directiva fue considerada una de las causas del "No" a la Constitución Europea en Francia.
España, Holanda, Polonia, Hungría, Reino Unido y República Checa han pidieron hace unos meses a la Comisión Europea que apruebe una norma "pragmática" que garantice "un mercado interno efectivo" y que no resulte descafeinada durante la tramitación parlamentaria. También están a favor de la norma el Banco Central Europeo, que afirma que ésta garantizará un mercado interior de servicios plenamente integrado, así como los países del Este de la UE.
La lista de servicios afectados por la directiva es muy amplia. Los más importantes son: consultoría, mantenimiento de oficinas, seguridad, publicidad, inmobiliarias, construcción, alquiler de coches, agencias de viajes y turismo.
No afecta a los servicios que tienen su propia directiva (financieros, redes de comunicación electrónica y transportes). Tampoco a servicios postales, distribución de electricidad, agua y gas, auditoría de cuentas y notaría. No afectará a la negociación colectiva ni a los servicios de bienestar social, vivienda, ayuda a las familias, jóvenes y niños. Tras las enmiendas de la Eurocámara y la nueva propuesta de la Comisión, también se sacan del campo de aplicación los servicios de transportes, ETT, salud pública y privada, sector audiovisual, notarías, apuestas, seguridad, servicios sociales y vivienda social.
Los sectores que se oponen a la norma creen que podría provocar una carrera salarial a la baja entre los estados miembros. Otra de las posibles reacciones del mercado podría ser la tendencia a las deslocalizaciones hacia el este de Europa por parte de las empresas.
Los que se muestran a favor de la norma exponen como consecuencias positivas el aumento de la competencia de los mercados de servicios y su consecuente mejora en la eficiencia de la economía. Además, una mayor competencia de los mercados de servicios debería tener un efecto moderador sobre los precios. El Parlamento Europeo prevé la creación de unos 600.000 empleos de aquí a 2010.
Desde su aparición, el texto ha sufrido numerosas enmiendas y variaciones, dada la polémica que ha causado en toda Europa. La última propuesta de la Comisión Europea, avalada por el Parlamento Europeo, establece que el país de destino siga regulando los aspectos laborales y medioambientales. Además, el estado receptor se reserva el derecho de controlar a la empresa e imponerle requisitos especiales (de seguridad, salud pública, política social, diversidad cultural y lingüística, protección de los consumidores y sostenibilidad medioambiental).
Tras la aprobación de la directiva enmendada por parte de la Eurocámara el pasado febrero, la Comisión Europea ha propuesto una nueva directiva suavizada en línea con las enmiendas del Parlamento Europeo. Para ser aprobada, ésta habrá de pasar primero por el Consejo de ministros de Competitividad de la UE y volver luego al Parlamento Europeo para una segunda lectura en la que se podría producir la ratificación definitiva.
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