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La polémica de las pensiones

Economía prevé que el superávit de la Seguridad Social casi desaparezca

El Gobierno admite ante Bruselas que será la cuarta parte del presupuestado - Ordóñez y Corbacho usan conceptos diferentes al hablar del posible déficit

Lucía Abellán

La tesis de que la Seguridad Social puede entrar en números rojos de aquí a un año no se aleja tanto de los datos oficiales. El Ministerio de Economía envió a Bruselas a principios de año unas previsiones que cifran en un magro 0,2% del producto interior bruto (PIB) el superávit de la Seguridad Social para 2009. La cifra comunicada a la Comisión Europea supone admitir que el excedente de la Seguridad Social que figura en los Presupuestos Generales del Estado se reducirá a una cuarta parte.

Esa nueva estimación, además, corresponde a un escenario relativamente optimista, en el que la economía se contraería un 1,6%. Si el año resulta más desfavorable, como augura el Banco de España y la mayoría de los economistas, no es descabellado pensar en déficit, si no este año, sí a principios del que viene.

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Ese superávit del 0,2% (según el plan de estabilidad) o posible déficit "en un año" (según dijo el gobernador del Banco de España) corresponde a lo que se entiende por Seguridad Social en términos de contabilidad nacional, que incluye el gasto por desempleo financiado por el servicio público de empleo estatal. Técnicamente, es el saldo de las "Administraciones de Seguridad Social".

Sin embargo, cuando Trabajo niega el riesgo de déficit de la Seguridad Social está usando un concepto diferente, el de Sistema de Seguridad Social y Mutuas en sentido estricto, que cuenta sólo el gasto en pensiones, además de otras prestaciones como las de maternidad, paternidad o enfermedad. Al quitar una importante partida de gasto, con esos criterios el sistema goza de mejor salud y resulta más probable que cierre el año con superávit. Con este criterio, el peor escenario, aseguran en el Ministerio de Trabajo, consiste en un superávit del 0,3% del PIB para 2009. Se trata, en todo caso, de reducir a más de la mitad lo previsto, aunque Trabajo confía en que esta hipótesis no llegue a cumplirse.

Para que se entienda la diferencia, en 2008 el "Sistema de Seguridad Social y Mutuas" tuvo un superávit de 13.615 millones, mientras que las "Administraciones de Seguridad Social" lo tuvieron de 8.319 millones. Casi toda la brecha se debe a las prestaciones de paro, para cuyo pago no se toca el sistema de pensiones.

El paro se abona con la cotización que empresarios y trabajadores realizan a una hucha específica, no a la de las pensiones. Si las cuotas no son suficientes para cubrir los pagos -como ocurre ahora que el desempleo está desbordado-, el Estado habilita una partida extraordinaria. Lo mismo ocurre con las pensiones no contributivas y con los gastos de dependencia.

Otro de los motivos que alejan la tempestad de las cuentas de la Seguridad Social -al menos por un tiempo- es que la pérdida de empleo no se traduce en una caída de los cotizantes. Los parados siguen cotizando al desempleo el tiempo que les dura la prestación contributiva (un máximo de dos años). El Estado paga por ellos la misma cantidad que su empresa abonaba antes de despedirlos. Es decir, se cotiza en función del último salario, más elevado que la prestación por desempleo, con lo cual las cuentas de la Seguridad Social no notan el impacto mientras dura la prestación. También se cotiza por los mayores de 52 años que perciben el subsidio (se recibe después de la prestación y no es contributivo).

La conclusión, por tanto, es que es posible que el superávit de la Seguridad Social desaparezca en términos de contabilidad nacional -que es a lo que se refería Fernández Ordóñez- sin que el sistema de pensiones ni la Seguridad Social como organismo público entre en déficit, que es lo que ha negado airadamente Corbacho. Aparentemente, uno y otro hablan de cosas distintas.

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Sobre la firma

Lucía Abellán
La redactora jefa de Internacional de EL PAÍS ha desarrollado casi toda su carrera profesional en este diario. Comenzó en 1999 en la sección de Economía, donde se especializó en mercado laboral y fiscalidad. Entre 2012 y 2018 fue corresponsal en Bruselas y posteriormente corresponsal diplomática adscrita a la sección de España.

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