España deberá eliminar las restricciones a las ETT

Los países europeos que mantienen restricciones a las empresas de trabajo temporal (ETT) deberán eliminarlas. Ése es el mandato que otorga una directiva comunitaria aprobada el mes pasado sobre las condiciones de los trabajadores cedidos por ETT. El texto pasó inadvertido al aprobarse junto a la directiva que permite elevar la jornada laboral hasta 65 horas semanales. Pero el sector, muy interesado en que esas trabas desaparezcan, está dispuesto a hacer valer el texto ante el Gobierno español.

Las ETT tienen vetado el acceso en España a sectores considerados de riesgo, como la construcción, la industria química y la petrolífera. También a los servicios públicos, entre ellos educación y sanidad, que mueven mucho personal. La directiva europea asegura que esas limitaciones "sólo pueden justificarse por el interés general relativo", que se concreta en la protección a los trabajadores, las exigencias de salud y seguridad y la necesidad de evitar abusos.

El Gobierno considera que las trabas que impone la legislación se ajustan a estos supuestos y que, por tanto, la directiva no obliga a cambiar nada, según una portavoz del Ministerio de Trabajo. Pero este departamento no descarta que en el transcurso del diálogo social se revise la actividad de las ETT y se adopten cambios si hay acuerdo.

Apoyo de la CEOE

"Este punto debería tener incidencia en nuestro ordenamiento", asegura un documento interno de la CEOE. La patronal se ha propuesto defender en el diálogo social la mayor participación de las ETT en la economía. De cada 100 trabajadores temporales, 16 los gestionan estas empresas.

El sector no quiere dejar pasar la oportunidad. "Hay preocupación, pero tengo cierta confianza en el hecho de que Zapatero esté al mando del diálogo social", explica Francisco Aranda, presidente de Agett, la patronal que engloba a las grandes ETT. Aranda aboga por un acuerdo con los sindicatos que permita ofrecer trabajadores incluso en los sectores de riesgo, aunque haya mayores exigencias.

Los sindicatos no son partidarios de abrir la veda, aunque todo dependerá de cómo se pacte la reforma de los servicios públicos de empleo en el diálogo social. Ésa es la prioridad de UGT y Comisiones Obreras.