Ética y estética

¿Hubiera fichado el lobby de las grandes constructoras a David Taguas, ex director de la Oficina Económica del Presidente (OEP), por su capacidad técnica, en el caso de que el PP hubiera ganado las elecciones? Sólo contestando afirmativamente a este contrafáctico tiene sentido proseguir el debate sobre la ética, la estética y las incompatibilidades de altos cargos que se ha abierto a raíz de este caso, hecho público a la puerta de un gigantesco puente, como si las continuas festividades fuesen a amortiguar la publicidad de tal decisión. Cuando el sentido común se confronta con la política o la ley es que algo no funciona bien.

Si se corrobora su nombramiento como presidente de Seopan -para lo que se necesita el dictamen definitivo sobre su compatibilidad, que emitirá el Ministerio de Administraciones Públicas- Taguas podría volver a entrar en La Moncloa (de donde salió hace apenas unas semanas) para sentarse en la misma mesa del mismo despacho que tenía antes como director de la OEP, pero desde el otro lado; por ejemplo, esta vez no tendría que escuchar las demandas de los constructores para ampliar los avales del Instituto de Crédito Oficial a las empresas que construyen vivienda libre, como seguramente le pidieron antaño cuando él era el titular de la oficina (a lo que se opuso el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes), sino verbalizarlas él mismo y convencer a su interlocutor de la Administración de que son necesarias. De funcionario visitado a brujo visitador. De torero a toro. Sin solución de continuidad.

Taguas podría pasar de funcionario visitado a 'brujo visitador'

La Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos incluye que los miembros del Gobierno (Taguas tenía rango de secretario de Estado) no puedan realizar en dos años actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo. Seguro que Taguas no lo ha hecho, ya que su capacidad era otra, pero la actividad de la OEP ha tenido mucho que ver con el sector de la construcción y la solución a algunos de sus problemas. La oficina tenía una estructura de 27 economistas, que servían como "órgano de apoyo encargado de asistir al presidente de Gobierno en asuntos económicos"; entre sus funciones están las de "conocer los programas de los departamentos ministeriales para facilitar su labor" e "informar de los asuntos económicos que se someten a las Comisiones Delegadas del Gobierno y a la Comisión General de secretarios de Estado y subsecretarios"; y su director participaba, de cuerpo presente, en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

El lobby que ha fichado a Taguas llevaba más de siete meses sin presidente, desde que falleció Enrique de Aldama, quizá esperando a que se despejase el panorama político, saber el resultado de las elecciones del 9 de marzo y conocer los nombres del nuevo Gobierno. El presidente de Seopan ha sido hasta ahora un personaje del sector y no ha tenido funciones ejecutivas, sino de interlocución e influencia. Forman parte de Seopan las 33 empresas constructoras más importantes del sector, entre ellas las seis grandes: ACC, FCC, Acciona, Ferrovial, OHL y Sacyr Vallehermoso, que fabrican más del 7% del PIB de España y dan trabajo a 420.000 personas. En los últimos tiempos, alrededor de la mitad de la facturación de esas empresas procede de actividades diferentes a la construcción, como son la energía, las concesiones de infraestructuras, las finanzas y los servicios. Se han transmutado en grandes conglomerados, por lo que su necesidad de interlocución ha de ser más amplia que el Ministerio de Fomento y abarca al conjunto de la Administración.

Resolver con eficacia las pasarelas directas entre el poder político y el poder económico es un asunto de la calidad de la democracia de un país. Si la ley de incompatibilidades no es capaz de combatir las zonas grises que se establecen, corresponde actualizarla. La sospecha generada de que con el nombramiento de Taguas, el lobby constructor paga los servicios prestados o compra influencia futura, no es sana para la democracia. Ni para Taguas, un buen economista con derecho a volver a trabajar en el sector privado, ni para sus interesados contratadores, ni para los hipotéticos receptores de sus influencias en el sector público.