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Columna
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Euro área 4

Joaquín Estefanía

El principal objetivo del Gobierno ante la misión que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha iniciado en España será convencer a sus componentes de que nuestro país no debe figurar en ese grupo inorgánico que el organismo multilateral ha inventado, denominado EA4 (euro área 4), y que unifica los problemas de Grecia, Irlanda, Portugal y España. En los últimos tiempos, nuestro país había logrado desgajarse de ese pelotón (los tres primeros países están oficialmente intervenidos) y convencer a los mercados de que las dificultades españolas tenían una graduación diferente, pero la última semana ha sido de nuevo negra para las finanzas.

El pasado viernes la prima de riesgo del Reino de España ascendía a los 250 puntos básicos, lo que revela significativos problemas para la economía de nuestro país. No se había acercado tanto al máximo desde que en el pasado mes de noviembre Irlanda pidiera ser rescatada por la Unión Europea y el FMI. Es cierto que no es solo un problema español, ya que los especuladores atacaron sin piedad a todo lo que oliese a país periférico (incluyendo a Italia), pero ello no debe ser objeto de alivio. Se acumularon algunas circunstancias muy negativas: en primer lugar, Atento, la compañía de atención al cliente de Telefónica, hubo de retirar su salida al mercado de valores, ya que ni rebajando el precio de salida, ni retrasando el plazo en el que los inversores tenían que comprar, se cubrió la oferta pública de venta de acciones. Ello permite intuir problemas adicionales del mismo signo en otras empresas y bancos que tienen programado salir a Bolsa en las próximas semanas: Dia, Talgo, Loterías y Apuestas del Estado, Bankia, Banca Cívica, etcétera.

El Fondo Monetario Internacional ha juntado a España con Grecia, Irlanda y Portugal en un solo grupo

Especial significación tiene lo que ocurra con estas dos últimas entidades, pues la reforma del sector financiero -y especialmente de las cajas de ahorro, de las cuales se desgajan estos dos últimos bancos- pasa por la colocación a los inversores de una parte de su capital. Si esta no funciona, el Banco de España habrá de activar los sistemas alternativos de financiación que, en el extremo, pasarían por una nacionalización de algunas entidades.

Otra mala noticia, subrayada en primera página por la biblia de los inversores, The Wall Street Journal, fue la incapacidad del primer banco de matriz española, el Santander, para colocar una emisión de cédulas territoriales (avalada por deuda de Gobiernos locales y regionales) de 1.000 millones de euros.

Además de influir Grecia y las numerosas especulaciones sobre las modalidades que tendrá la reestructuración de su deuda y el monto de un nuevo paquete de ayudas, las dificultades recientes de financiación de nuestro país tienen que ver con las dudas suscitadas por la situación económica de los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, tras las elecciones del pasado 22 de mayo, y sobre su proyección en el déficit público del conjunto de las Administraciones públicas, que no debe superar el 6% del producto interior bruto (PIB) a final de año. En este sentido, las alocadas declaraciones de algunos dirigentes del Partido Popular haciendo una analogía entre la Comunidad de Castilla-La Mancha con Grecia (donde se falseó la contabilidad, no incluyendo en ella algunas partidas) y advirtiendo de que los funcionarios no cobrarían sus nóminas, ya han pasado factura a la economía de todos los ciudadanos. Empobreciéndonos.

La misión del FMI debe determinar si esas denuncias son ciertas o fruto de la irresponsabilidad de algunos aficionados al catastrofismo; si las reformas puestas en marcha a distinto ritmo (laboral, pensiones, financiera, negociación colectiva) van en buena dirección y tienen el ritmo suficiente; si en el panorama político que viene por delante los que van a gobernar contemplan otras reformas estructurales pendientes como la energética, la sanitaria o la tributaria; y si los espantosos datos de la coyuntura (estancamiento, desempleo, reducción del consumo, la producción industrial y la compraventa de viviendas...), de los que solo se libra el turismo, tienen visos de cambiar de tendencia y llevar al país a la senda del crecimiento. El FMI tiene como misión estatutaria observar si se aplican las medidas políticas y económicas necesarias para "garantizar el crecimiento del país de forma razonable con estabilidad de precios, independientemente de las circunstancias". Pero ni el crecimiento ni la inflación son independientes de las circunstancias.

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