Europa y EE UU aplazarán las nuevas exigencias a la banca

Aún no hay acuerdo en el G-20 sobre el endurecimiento de los requisitos de capital a la banca, pero lo que sí se abre paso a machetazos es un consenso para dosificar su puesta en marcha. Al menos a ambos lados del Atlántico. "La aplicación de las nuevas normas se retrasará", aseguró ayer la ministra de Economía francesa, Christine Lagarde.

Lagarde atendió a los periodistas tras la cena con la que se abrió en Busan (Corea del Sur) la reunión preparatoria de la cumbre que celebrará el foro de países ricos y emergentes a finales de mes en Toronto (Canadá). El G-20 tenía previsto acordar este año nuevas reglas con el objetivo de desincentivar que la banca haga inversiones demasiado arriesgadas, como las que precipitaron esta crisis, o garantizar al menos colchones de capital y liquidez para afrontar depreciaciones súbitas de activos. La propuesta inicial era que esos cambios entraran en vigor a finales de 2012.

"Si conseguimos avanzar estos días, entonces los líderes del G-20 podrán decir en Toronto que vamos en la buena dirección", aseguró el ministro de Finanzas canadiense, Jim Flaherty, que dio por hecho así que el acuerdo no llegará hasta la siguiente cumbre del G-20, que se celebrará en Corea del Sur el próximo mes de noviembre. El secretario del Tesoro de EE UU, Timothy Geithner, avaló antes de llegar a la reunión preparatoria "la negociación de un periodo transitorio". "Lo básico es un acuerdo sobre las normas, aunque se pueda retrasar su aplicación", coincidió el británico George Osborne.

Pero ni EE UU ni Reino Unido, en cuyos sectores financieros se larvó la crisis de las hipotecas basura, son los principales valedores de una aplicación gradual de los nuevos requisitos más allá de 2012. Son, sobre todo, los países de la zona euro, secundados por Japón. Una razón es que los nuevos requisitos pueden acabar beneficiando a la banca que más se financia en los mercados (que es el caso de las grandes entidades estadounidenses y británicas). Pero lo esencial es que el castigo de los inversores a los títulos de deuda pública de varios países europeos (Grecia, Portugal, España, Irlanda o Italia) se ha extendido a las acciones de los bancos que poseen esos títulos, con entidades francesas y alemanas a la cabeza. Una pérdida de valor que les hará más difícil aún cumplir con los nuevos criterios.

De modo que el argumento con el que la banca ha presionado para evitar una regulación demasiado estricta -más capital supone menos beneficios y menos dinero para prestar, sobre todo en tiempos de crisis- se ha convertido también en argumento de varios Gobiernos europeos, centrados ahora en retirar los incentivos públicos a la recuperación.