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Columna
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La Europa impotente

Joaquín Estefanía

Con la que está cayendo en sus economías es imposible que los ciudadanos europeos se entusiasmen con discusiones sobre si habrá presidente de la Unión o superministro de Asuntos Exteriores. Por ello es difícil de entender el amaneramiento de la reciente reunión del Consejo Europeo de Bruselas donde, además, no se alcanzó ningún acuerdo más que el de seguir con el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa (faltan ocho países por hacerlo) y dejarlo todo para octubre, bajo la presidencia francesa.

Quizá lo que los mandatarios europeos deberían haber hecho era manifestar su extrañeza porque el primer ministro irlandés no haya dimitido tras el "no" de sus ciudadanos al referéndum, dejar alguna pasarela abierta para que Irlanda se una pronto al proceso, y pasar a la resolución de la crisis económica. ¿Por qué no lo han hecho?: seguramente por la falta de legitimidad de franceses y holandeses para exigir nada, tras su negativa al tratado constitucional de hace unos años.

Hay una sensación de parálisis institucional europea sobre la crisis financiera y alimentaria

Todavía peor que esa sensación de parálisis institucional ha sido la impotencia de los mandatarios europeos para abordar los efectos de la crisis financiera, alimentaria y energética que afecta a la mayoría de los ciudadanos. La declaración final de la reunión de Bruselas es desoladora: "Hay que evitar medidas fiscales distorsionadoras y otras políticas intervencionistas que impidan los necesarios ajustes económicos". Y punto. Así que en los últimos tiempos sólo emergen de la UE mensajes restrictivos y paralizantes: la asombrosa directiva de retorno para los inmigrantes sin papeles, en la que la mayor parte de los eurodiputados socialistas españoles votó junto a la derecha más limitadora de derechos (gloriosa excepción la de Josep Borrell, Raimón Obiols y Martí Grau y Segu); la no menos sorprendente directiva de los ministros de Trabajo que permite una semana laboral de 60 horas, como si los asalariados poseyeran la libertad real de negociar con los empleadores; y el desfallecimiento y falta de acuerdo a la hora de paliar las dificultades económicas de los más débiles. Esto es lo que emana de Bruselas. Ningún tipo de pedagogía.

Son por ello significativas las reflexiones que en alto está haciendo, para quien quiera oírle, el presidente de la comisión de sabios para repensar Europa, Felipe González. Aunque las medidas para paliar la crisis económica a corto plazo no forman parte del contenido de esa comisión de sabios, es políticamente importante que González, a título personal, no se resigne a la incompetencia y hermetismo europeos y lance ideas para el debate, aunque sea para contrariarlas.

La inflación, motivada en buena parte por el precio del petróleo y la especulación sobre las materias primas (alimentarias) parece resistirse a políticas monetarias tan contrarias como las del Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Cuando más sube el precio del petróleo, más se enriquecen las haciendas por efecto de los impuestos que gravan el crudo y más se empobrecen los contribuyentes.

¿Por qué no crear un fondo de estabilización del precio del petróleo con el dinero que se sobreingresa con los impuestos -cuando se supera el precio del barril incorporado a los presupuestos de cada país- y se devuelve a los afectados directos como desgravación a la actividad productiva? ¿Por qué no se dificulta la especulación en los mercados de futuros alimenticios, exigiendo un afianzamiento mayor de las cosechas que se compran a plazo, y que influyen decisivamente en el precio posterior de las mismas? No se trata de intervenir en los mercados o de limitar la libertad de compra, sino de que al menos los especuladores asuman riesgos.

Ambas propuestas exigen el acuerdo del conjunto de la UE: no pueden aplicarse en un solo país. Hay una tercera medida, ésta sí de matriz nacional, para paliar las dificultades de las familias sobreendeudadas por los costes hipotecarios motivados por el espectacular aumento del Euríbor: ampliar el plazo de pago de las hipotecas con un periodo de carencia (mediante el cual se pagarían los intereses pero no se amortizaría el capital).

A pesar de la renuencia manifestada ya por algunos banqueros, ¿no es mejor esto que las entidades financieras se llenen, como antaño, de viviendas que los morosos no han podido pagar?

Ábrase el debate sobre éstas o cualquier otra medida. Todo mejor que esta parálisis que amenaza la idea de Europa como utopía factible.

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