Firmado el acuerdo que permitirá estabilizar el precio del maíz en México

Gobierno, productores y comerciantes mexicanos han firmado hoy un acuerdo para estabilizar el precio del maíz en un intento por atajar la denominada crisis de la tortilla, que ha causado protestas callejeras y amenaza la cotización de otros productos básicos.

La medida, que consta de trece puntos, estipula que el precio del kilo de maíz no superará los 8,5 pesos (0,77 dólares) y que las autoridades no tolerarán el acaparamiento y la especulación con un producto consumido masivamente en el país. México tiene unos 103 millones de habitantes, de los cuales la mitad se sitúa bajo el umbral de la pobreza.

El presidente de México, Felipe Calderón, presente en la ceremonia de la firma, ha declarado que su Gobierno considera "inaceptable" que el alza de la cotización internacional del maíz haya repercutido en el incremento de precios en México y que se castigará "con firmeza a quien quiera aprovecharse de la necesidad de la gente".

Entre tres y diez años de cárcel

La Procuraduría General de la República estará "atenta" a las denuncias por especulación o acaparamiento, delitos para los que se contemplan penas de entre tres y diez años de prisión, así como multas, señalaron otras fuentes oficiales. Según organizaciones comunales, el precio del kilo de tortilla de maíz, que consumen especialmente los más pobres del país, pasó de 8 pesos (0,73 dólares) a finales de 2006 a 14 pesos (1,2 dólares) este mes en algunos puntos de la República.

El precio del cereal había registrado un aumento de cerca del 11% en 2006 con respecto de 2005 y del 70% en los últimos seis años, según las mismas organizaciones. La reciente alza derivó en anuncios de productores y distribuidores de huevos, carne y otros productos de que elevarían el precio de venta al público, debido a que el maíz es utilizado para la cría y engorde de las aves y el ganado.

Se garantizará el abastecimiento

El ministro mexicano de Economía, Eduardo Sojo, a cargo del Comercio Exterior y uno de los firmantes del acuerdo, señaló que se garantizará el abastecimiento del maíz para el consumo humano y animal mediante la importación de cientos de miles de toneladas del producto de Estados Unidos y otros países.

Las importaciones de EE UU se harán en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que ese país suscribió hace una década con México y Canadá, señaló Sojo en una declaración en la Residencia Oficial de Los Pinos, donde se firmó hoy el acuerdo tripartito.

Organizaciones campesinas y ecologistas de México se oponen rotundamente a la importación del maíz estadounidense con el argumento de que ello llevará a la quiebra a los productores nacionales que no pueden competir con un producto subsidiado y en ocasiones modificado genéticamente.

Vigente hasta el 30 de abril

El acuerdo firmado hoy finalizará el próximo 30 de abril, cuando se iniciará el nuevo ciclo agrícola en México y se examinará la posibilidad de prorrogarlo o corregirlo, según las fuentes oficiales. Calderón instó a los gobernadores de los estados y los alcaldes municipales a negociar acuerdos con los productores y comerciantes de sus regiones, a fin de fortalecer la medida anunciada en Los Pinos.

A la ceremonia asistieron, además, los secretarios (ministros) de Agricultura, Alberto Cárdenas, y de Desarrollo Social, Beatriz Zavala, así como representantes de los productores agrícolas, las grandes tiendas de distribución, como la filial de la estadounidense Wal-Mart, y la trasnacional mexicana de la industria panificadora Bimbo. El acuerdo se firmó un día después de que militantes de izquierda y activistas sociales marchasen por las calles de Ciudad de México para denunciar que la llamada "crisis de la tortilla" está golpeando "sin misericordia a los pobres" ante "la mirada impasible del Gobierno" del Calderón, en el poder desde el pasado 1 de diciembre.

Por su parte, los grandes productores agroalimentarios de México solicitaron el miércoles al Gobierno autorizar la siembra de maíz transgénico para solucionar "la crisis de la tortilla", aunque organizaciones ambientalistas, como Greenpeace, se oponen rotundamente a esa posibilidad.