Fomento implica a Cataluña y Madrid en los aeropuertos sin precisar su peso

La batalla por el control del segundo aeropuerto de España, el de Barcelona, se centrará a partir de ahora en la interpretación que cada bando haga de la palabra "determinante". Un día después de que concluyera el plazo que se dio el presidente José Luis Rodríguez Zapatero para presentar el nuevo modelo aeroportuario, su ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, anunció ayer que privatizará un 30% de la parte de AENA, que gestiona los aeropuertos. El Estado mantendrá en exclusiva la estratégica división de navegación aérea, que afecta a asuntos tan vitales como las torres y los centros de control de tráfico.

Pero más importante aún fue el anuncio de que Madrid y Cataluña participarán de forma "determinante" en Barajas y El Prat, respectivamente. El organismo que gestionará los aeropuertos, aún sin nombre, creará dos entidades que administren los dos únicos aeródromos con más de 30 millones de pasajeros al año. Pero cualquier otro que supere la barrera de 30 millones engrosará la lista. Y en estos dos entes, anunció la ministra, las autonomías gozarán de un peso determinante. Pero, añadió a continuación, el Estado mantendrá el control. Este añadido ha puesto en guardia a los partidos catalanes.

El Gobierno no especifica cómo participarán las comunidades en una reforma que, para culminar, puede llevar "más de un año", según dijo ayer el propio Zapatero. En Fomento se hablaba de dos. La entrada de las autonomías se podría haceren el capital o con una participación directa en los órganos de decisión de las nuevas entidades. Esta última opción parece más probable.

El Gobierno catalán, donde conviven socialistas, independentistas y ecosocialistas, encajó la decisión con un aplauso amargo. "No podemos más que valorar positivamente que la gestión se abra al sector privado y a las administraciones autonómicas", subrayó Manel Nadal, secretario de Movilidad (PSC). Sin embargo, Nadal calificó la propuesta de "insuficiente" y se dijo a la espera de que el Ejecutivo central concrete sus planes, que dejan cabos sueltos considerados vitales por la Generalitat. "No dicen cómo ni cuándo", insistió.

"Hemos fijado un umbral estimativo para la participación de las comunidades y lo vamos a respetar", dijo Zapatero desde Mallorca, sin precisar cuál. La Generalitat ya se ha hecho a la idea de que no tendrá la mayoría de la gestora de El Prat. Pero, al margen de su peso, exige participar a fondo en decisiones estratégicas, como la ampliación del aeropuerto, la fijación de tarifas, la política de slots (derechos de vuelo) o la gestión comercial. Y reclama algún mecanismo que garantice un derecho de bloqueo si cree que una decisión no conviene a El Prat.

Desde la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, se reaccionó con mejores palabras. A la espera de conocer cómo se concreta finalmente, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre dio la bienvenida al proyecto de los socialistas, que mantiene el funcionamiento en red de los aeropuertos. De ahí que los partidos catalanes ERC e IC V rechazaran la propuesta. La oposición de CiU habló abiertamente de "mero maquillaje" del actual modelo, que a su juicio no va hacia la gestión individualizada de los aeropuertos.

La nueva sociedad estatal encargada de los aeropuertos estará participada al 100% por AENA, que dará entrada al capital hasta un máximo del 30%. Un banco de inversión asesorará el proceso de privatización, que será aprobado por el Gobierno. La ministra estimó el valor de AENA en 30.000 millones de euros.