El G-20 acuerda una acción pública masiva

La amenaza de una depresión mundial, proclamada por una avalancha de tenebrosas estadísticas, surtió efecto. Los líderes de las principales economías del mundo, ricas y emergentes, aparcaron sus múltiples diferencias para afrontar de forma conjunta, al menos, la cuestión más apremiante: cómo parar la recesión que irradia desde Estados Unidos y Europa.

El G-20 acordó ayer en Washington dar vía libre a una nueva ola de incentivos públicos, mucho más ambiciosos que los desarrollados hasta ahora, para reanimar la economía. Además, dio un primer paso para la reforma del sistema financiero mundial, abrió el debate sobre el papel futuro del FMI y del Banco Mundial y lanzó un mensaje contra el proteccionismo y en favor de la liberalización comercial.

El comunicado final que sintetizó cuatro horas de debates, sin luz ni taquígrafos, urge a los Gobiernos "al uso de medidas fiscales para estimular la demanda interna de forma rápida". Y acalla las sonoras divergencias entre Europa y Estados Unidos sobre la reforma del sistema financiero, origen de la crisis, desplazando la discusión a grupos de trabajo. Los líderes mundiales, además, resucitaron la moribunda ronda de Doha para alejar cualquier fantasma de proteccionismo y buscar nuevos acuerdos de rebajas de aranceles en algunos mercados clave antes de fin de año.

Las notables diferencias de criterio con las que los líderes mundiales acudían a Washington pusieron en duda incluso el acuerdo de mínimos sobre la necesidad de una mayor intervención pública. "La solución nunca ha sido más Gobierno", clamó el presidente de Estados Unido, George Bush, en la víspera de la reunión. "Puedo decir ahora que hemos contestado con éxito a la pregunta de si países con intereses tan diferentes podíamos ponernos de acuerdo", dijo ayer tras clausurar la cita del G-20. La propuesta de generalizar los incentivos estatales fue ganando adeptos conforme se desarrollaba la cumbre. "La crisis financiera puede llegar a convertirse en una crisis humanitaria si no actuamos", sintetizó el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon".

El espaldarazo definitivo a la propuesta vino del líder ausente en la cumbre, pero determinante para lo que venga en el futuro. Barack Obama hizo acto de presencia en una intervención radiofónica que coincidió con el arranque de la reunión. Y su mensaje fue nítido. "Al tiempo que actuamos de forma concertada con otros países, debemos intervenir aquí con urgencia", dijo el presidente electo de EE UU. "Si el Congreso no aprueba ya un plan que dé a la economía el empujón que necesita, ésa será mi primera orden ejecutiva como presidente", añadió.

La propuesta de Obama no se queda ahí. En los primeros meses de su mandato desarrollará un ambicioso plan de inversiones públicas en infraestructuras. Y fuentes demócratas agregaron que se estudia también un recorte en el impuesto que grava los resultados de las empresas del 35% al 28%.

La clara apuesta del nuevo líder norteamericano por utilizar los incentivos fiscales a conciencia para frenar la crisis da credibilidad a la conclusión del G-20 de que "es necesaria una respuesta política mucho más amplia para reestablecer el crecimiento económico". "Veremos a muchos países seguir esta recomendación en los próximas semanas", vaticinó el primer ministro británico, Gordon Brown. "Reactivaremos la economía, ésa es la señal que mandamos a los mercados", añadió el presidente francés, Nicolas Sarkozy al término de la cumbre.

Casi agotada ya la vía monetaria -sólo en Europa hay margen para recortes de tipos de interés significativos-, la alternativa que queda a los Gobiernos es usar sus presupuestos, aun a expensas de más endeudamiento y déficit público. Son medidas que ya han sido ensayadas en los últimos meses, pero que ahora deberán tener una dimensión mucho mayor.

China acaba de aprobar un plan de inversiones públicas valorado en medio billón de euros. España y EE UU, por ejemplo, ya han devuelto dinero a los contribuyentes. Pero la deriva de la crisis ha dejado claro que esos recortes (en el caso español, la deducción de 400 euros en el IRPF) apenas sirvieron para reactivar el consumo. Brown, uno de los más fervientes partidarios de nuevos incentivos fiscales, confirmó ayer que su paquete de medidas estará listo en dos semanas. El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió también la necesidad de nuevas medidas fiscales, según fuentes de la delegación española. Europa trtará de coordinar esas medidas el próximo 26 de noviembre y Zapatero expondrá en el Congreso su plan al día siguiente.

A la espera de comprobar si el mandato del G-20 sobre incentivos a la economía real tiene la misma eficacia que tuvo hace un mes la recomendación del G-7 sobre la necesidad de inyectar dinero público en la banca, queda por resolver un debate peliagudo: hasta dónde debe llegar la reforma del sistema financiero, ojo del huracán que abate la economía mundial.

Las posiciones encontradas sobre cómo regular mercados y agentes financieros que hasta ahora campaban por el préstamo fácil, la rentabilidad alta y el riesgo excesivo se deberán lidiar ahora en grupos de trabajo, que tendrán que presentar sus conclusones "antes del 31 de marzo". Unas diferencias que centraron buena parte de las intervenciones de los líderes mundiales en el Museo Nacional de Arquitectura, sede del encuentro.

Según fuentes de la delegación española, Bush abrió fuego con una nueva defensa del libre mercado. El siguiente turno fue para Abdullah Bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudí, que dejó la reunión nada más acabar su intervención. Todo lo que llegó de la cumbre -a la prensa se la concentró en el Departamento de Estado, a dos kilómetros de la sede- hasta el comunicado final fue un goteo de información filtrada por las delegaciones.

Sin esclarecer qué rumbo tomará la nueva regulación, el comunicado sí asume que el origen de la crisis se debió a la actuación irresponsable de varios agentes financieros y que hubo claros fallos del lado del sector público: "Políticos, reguladores y supervisores en algunos países avanzados (una alusión velada a Estados Unidos), no apreciaron de forma adecuada los riesgos de algunos mercados ni siguieron el ritmo de la innovación financiera".

El resto del comunicado es un amplio listado de los deberes que quedan por hacer. Los ministros de Economía, con el apoyo de expertos y bajo la coordinación de la troika del G-20 (Brasil, Reino Unido y Corea del Sur) tendrán que hacer recomendaciones sobre cómo regular los complejos productos derivados financieros (que sirvieron para trocear el riesgo de las hipotecas basura de EE UU) o cómo coordinar las diversas normas nacionales.

El comunicado del G-20 da pistas de cómo se resolverán algunas de las incógnitas planteadas. Hay un llamamiento a reflejar el poder de las economías emergentes en el Fondo Monetario Internacional y a ampliar su capacidad para prestar dinero a países en desarrollo. Pero no hay ninguna mención a su papel como supervisor de las finanzas mundiales, una iniciativa europea que EE UU rechaza. Este cometido que parece reservado al Foro de Estabilidad Financiera, un organismo creado por el G-7, que reúne a los supervisores de las principales plazas financieras. Los líderes mundiales dan prioridad a la ampliación de este organismo para hacer sitio a países como China o India, una oportunidad que España quiere aprovechar para lograr representación.

También se considera una prioridad la creación de colegios de supervisores para seguir la pista a grandes entidades que operan en varios países (también iniciativa europea). Las recomendaciones sobre cómo supervisar las agencias de calificación de riesgos(ahora un monopolio de tres firmas estadounidenses), los sueldos de los ejecutivos, nuevos criterios contables que hagan más transparente el valor de los activos financieros o las medidas para garantizar que la banca tenga capital suficiente para afrontar los riegos formarán parte de esa primera ronda de propuestas. Se hace mención expresa a la necesidad de poner en marcha regulaciones "anticíclicas", una alusión que da protagonismo a la propuesta española de extender su modelo de supervisión, en el que el Banco de España obliga a las entidades a dotar provisiones en tiempos de bonanza para utilizar en época de crisis.

"Ésta es sólo la primera de varias cumbres, ya hemos tomado medida importantes, pero es necesario tomar más", afirmó Bush. La próxima cita de los líderes mundiales será en abril de 2009, con Obama ya al frente de EE UU y, previsiblemente, en Londres. Un tiempo que servirá para medir la eficacia del llamamiento a "una respuesta política más amplia contra la crisis". Y para comprobar si, como sostuvo Brown, éste es el inicio de un camino que llevará "a un nuevo Bretton Woods, a las instituciones internacionales del futuro".