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Querella criminal contra los máximos dirigentes de Banesto por la muerte del banquero Coca

Joaquín Estefanía

La viuda y los cinco hijos de Ignacio Coca -el financiero que se suicidó a finales del pasado mes de junio- presentaron una querella criminal en la noche de ayer contra los máximos dirigentes de Banesto. El documento, que se depositó en el Juzgado de Guardia de Madrid, se querella contra Pablo Garnica, presidente de Banesto; José María López de Letona, vicepresidente consejero-delegado y primer ejecutivo de la entidad, y José María Sainz de Vicuña y Manuel Igea, antiguos directores generales. La querella los considera responsables criminales de delitos contra la vida e integridad personal de Ignacio Coca, falsedad de documento mercantil y usara. En pocos días se conocerá si ha sido admitida a trámite.

El caso Coca adquirió ayer un nuevo grado de intensidad al presentar los herederos del banquero suicidado una querella criminal contra los más altos directivos de Banesto, la segunda entidad financiera del país. Entre ellos, contra Pablo Garnica y José María López de Letona, presidente y vicepresidente ejecutivo respectivamente. Todavía se desconoce el por qué de la oportunidad de la querella, ya que ninguna de las dos partes en litigio quiso comentar nada sobre la misma a este periódico. "No hay ningún comentario sobre el tema", afirmó el portavoz de Banesto.Sin embargo, otras fuentes del banco, que aseguraron haber oído algo sobre la querella, indicaron que existía un pacto de caballeros entre los Coca y Banesto para no hacer comentario alguno mientras se resolvía el contencioso sobre la herencia del financiero suicidado y las deudas que dejó a Banesto, que se iniciaron en el año 1978 con la fusión de los bancos Español de Crédito y Coca. "Este pacto ha quedado roto con la querella, que consideramos una agresión", afirmaron. Íñigo Coca, hijo mayor del banquero, también declinó hacer comentarios, aunque confirmó la presentación de la querella.

El documento fue presentado a las 21.55 horas en la oficina de reparto del Juzgado de Guardia de Madrid, según pudo comprobar este periódico.

El procurador que la formuló fue Francisco Olivares y el abogado tradicional de la familia Coca es Marcial Fernández Montes. La querella será entregada en el plazo de unos días al Juzgado de Instrucción qué corresponda, que deberá decidir si la admite a trámite o la rehúsa. A nadie se le oculta que la simple presentación de la querella puede ser motivo de escándalo dentro de Banesto, que celebrará su junta general de accionistas en el plazo de 40 días aproximadamente.

Tres motivos

La querella considera a los dirigentes de Banesto autores criminales de delitos contra la vida e integridad de Ignacio Coca, falsedad de documento público y usura, según fuentes jurídicas que la han conocido. Es significativo que el documento incluya - a los anteriores dirigentes de Banesto, como Pablo Garnica, presidente eje cutivo hasta hace poco menos de un año, y a los nuevos como José María López de Letona, que únicamente ha vivido como primer ejecutivo de Banesto los últimos coletazos del caso Coca.

También es igualmente significativo que en la querella no se incluya a José María Aguirre Gonzalo, presidente de Banesto en el momento de la fusión del Banesto con el Coca.

Ignacio Coca apareció muerto en el cuarto de baño de su casa a finales del pasado mes de junio. Aunque en un principio se dijo que la causa de su muerte había sido un accidente, pronto se comprobó que en realidad se había disparado un tiro en la cabeza. Al parecer, en el documento se indica que los querellados ejercieron una presión constante sobre Coca para, exigirle que entregara su patrimonio a Banesto en compensación de los préstamos impagados e intereses; también se insinúa que tal actuación podría ser calificada como homicidio. Ésta parece ser la acusación de mayor gravedad, aunque se desconoce cómo podrá ser documentada.

Poc os días después del suicidio de Ignacio Coca, su viuda, Silvía Moroder, concedió una entrevista a este periódico en la que afirmó: "La muerte de mi marido fue debida a presiones inhumanas de última hora, estrictamente financieras". En esta misma conversación, la señora Moroder confirmó que Ignacio Coca había dejado una carta a su familia en la que se explicaban las causas de su suicidio, causas "económicas, financieras. Presiones inhumanas, estrictamente financieras". Silvia Moroder no quiso dar nombres, pero indicó: "El día que se mató, Ignacio tenía una cita con una persona de Banesto. Lucharé por reivindicar el nombre de mi marido si quieren mancharlo. Esto no lo permitiré". Por último, la viuda de Coca matizó: "Aguirre Gonzalo no es un amigo nuestro en el sentido que se le da a la palabra amigo, pero se portó muy bien con Ignacio. Era un ser humano que sabía tratar a otro ser humano".

Negociaciones rotas

Las negociaciones entre los herederos del banquero Ignacio Coca y Banesto para llegar a un finiquito de las deudas del primero, se encontraban estancadas después de seis meses de conversaciones dirigidas por José María López de Letona. Las discusiones se han centrado en el valor de las garantías ofrecidas por la familia Coca contra los créditos contraídos por el banquero fallecido, que al parecer se cifraban en 20.000 millones de pesetas.López de Letona explicó a principios del mes de noviembre que las garantías de estos créditos (diversas participaciones inmobiliarias y el paquete de acciones del propio Banesto, un 2,10%, que adquirió Ignacio Coca en el proceso de fusión del banco que llevaba su nombre) están estimadas en unos 15.000 millones de pesetas, por lo que los quebrantos para Banesto rondarían los 5.000 millones de pesetas. LópC2: de Letona también consideraba "probable" que el caso Coca quedase cerrado en pocas semanas.

Sin embargo, las negociaciones no han fructificado. La comisión ejecutiva del banco ha delegado en López de Letona para arreglar el problema. Éste ha asistido a las reuniones, junto con su segundo de a bordo, Jacobo Argüelles, y con Fernando Castromil. Por parte de los Coca han solido asistir los hijos del banquero, Íñigo y Borja, y el abogado de la familia. La intención de Letona ha sido arreglar el contencioso antes de la junta general del banco, fijada para el 24 de febrero próximo.

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