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Cierre patronal en el grupo Mundo

La dirección del grupo Mundo declaró ayer el cierre patronal de las empresas editoras de los rotativos barceloneses Mundo Diario, Tele/Express, Catalunya Express y 4-2-4, así como de la editora Ediciones Mundo, SA, la impresora Ingemesa y la distribuidora Disconsa. El motivo de este lock-out es, según un comunicado patronal, la ocupación ilegal del edificio social iniciada por los trabajadores el pasado jueves, aprovechando la entrada del comité de empresa, que tiene acceso libre al inmueble. El grupo Mundo es propiedad del editor Sebastián Auger.«En repetidas ocasiones», dice la nota, «la dirección advirtió a los trabajadores (unos doscientos) de que la ocupación estaba al margen de la ley y convertía en ilegal la huelga en que se hallaban, pidiéndoles que depusieran su actitud. Ante la reiterada negativa, la empresa tuvo que recurrir a la autoridad judicial para comunicar los hechos.»

El juez dictó el desalojo del edificio, tras tomar las oportunas declaraciones. La policía, según la nota, se personó en el mismo e intentó negociar con los ocupantes para que salieran voluntariamente. Los trabajadores se negaron a ello y, adoptaron la actitud de resistencia pasiva, lo que obligó a la fuerza pública a conducirles al exterior.

Concluye el comunicado que la empresa continúa avanzando en las gestiones para resolver el problema de tesorería que ha provocado el retraso en el pago de los salarios, y espera que fructifiquen en breve plazo para reanudar inmediatamente sus tareas informativas.

Por su parte, los trabajadores han hecho público otro comunicado, en el que niegan las acusaciones empresariales en el sentido de que hayan ocasionado destrozos en parte del material del edificio social.

Mientras tanto, la junta directiva de la Asociación de la Prensa de Barcelona ha decidido crear una comisión de seguimiento del conflicto del grupo Mundo y la realización de gestiones encaminadas a solucionarlo. El Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC-PSOE) ha hecho pública su preocupación por la situación de los trabajadores, su protesta por el violento desalojo y llama a la serenidad de ambas partes.

En Madrid, un grupo de trabajadores del diario Informaciones (propiedad del mismo editor) denunció ayer a los señores Auger y De Quintana (presidente de Prensa Castellana) ante el juzgado de guardia por presunto delito social y apropiación indebida. Estos trabajadores (en torno a diez) basan su denuncia en que la empresa no ha entregado en el Instituto Nacional de Previsión las cantidades que mensualmente les descuentan como cuotas a la Seguridad Social.

La actitud de este grupo minoritario ha sido desautorizada moralmente por la asamblea de trabajadores, que la considera una medida insolidaria, unilateral, que perjudica a los intereses de la mayoría.

Al tratarse de una demanda penal, el juez podría dictaminar, en base a insolvencia, quiebra o suspensión de pagos, posibilidades todas que podrían acelerar aún más la crisis actual, precisamente cuando los trabajadores de Informaciones mantienen fundadas esperanzas de encontrar una solución que permita sacar adelante el periódico.

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