Galicia prepara un recurso contra el fondo estatal de ayudas a la banca

El fondo de rescate que el Gobierno ha puesto en marcha para financiar el proceso de reestructuración del sector bancario ha ido a tocar la fibra de las competencias autonómicas. La Xunta de Galicia prepara un recurso y la Generalitat duda entre recurrir también ante el Constitucional u optar por un proceso de resolución de discrepancias.

El llamado Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca (FROB) excluye el derecho de veto de Gobiernos autónomos a una operación de fusión entre cajas de ahorros cuya situación sea tan débil que requiera la intervención directa del Banco de España, y esto, en opinión de la Generalitat, vulnera las competencias catalanas en materia de cajas. Así lo acaba de certificar el Consejo Consultivo catalán, órgano cuyas conclusiones no son vinculantes jurídicamente, pero al que se encomendó el presidente catalán, José Montilla, para decidir si planteaba batalla.

El Consejo Consultivo catalán cuestiona la legalidad del FROB

La Xunta defiende su intervención en las operaciones con cajas gallegas

En concreto, el Consultivo catalán pone pegas a los artículos 8.2 y 9.2 del FROB, en los que, en líneas generales, establece que los gobiernos autónomos con competencias en la materia pueden enviar informes previos al supervisor sobre la operación en marcha y los planes de reestructuración de las entidades, pero sin carácter vinculante. Además, deja en manos sólo del Ministerio de Economía -que ayer volvió a defender la norma- la posibilidad de oponerse a las operaciones de compra de activos, según avanzó ayer el diario Avui.

Con el veredicto del Consejo Consultivo en la mano, la Generalitat duda ahora entre presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el FROB, tal y como estuvo advirtiendo en los últimos meses, o abrir un proceso de resolución de discrepancias. Montilla afirmó ayer que inicialmente no tiene previsto llevar al Constitucional el fondo. "Daremos los pasos que prevé la ley para salvar la defensa de nuestras competencias; el primero no es presentar un recurso al Constitucional. Hay todo un proceso que es el que seguiremos", dijo.

Pero los socios del Gobierno tripartito, Iniciativa per Catalunya (ICV) y Esquerra, que votaron en contra del decreto del fondo en el Congreso de los Diputados, han pedido el recurso. Sobre todo, porque un proceso de resolución puede durar hasta nueve meses, plazo suficientemente dilatado como para que el baile de fusiones haya finalizado ya. La decisión se tomará en la primera reunión de la Generalitat tras las vacaciones, el 25 de agosto.

En el caso de Galicia, las decisiones parecen estar más adelantadas. La Xunta ha decidido presentar recurso de inconstitucionalidad contra el fondo de reestructuración bancaria del Gobierno "porque invade competencias autonómicas". Así lo anunció ayer el responsable de economía del grupo parlamentario del PP en materia económica, Pedro Puy, quien apostó por defender "la galleguidad de las cajas", porque tienen, dijo, "un régimen jurídico que las vincula al territorio". Desde la instauración del Estado de las autonomías, las cajas tienen un papel clave en la economía de cada región; en Galicia representan más del 52% de los créditos y el 57% de los depósitos de los ciudadanos.

Puy adujo que el fondo pone en peligro el carácter social de las cajas, porque "los excedentes

[de Caixa Galicia y Caixa Nova] van a parar al mismo territorio en el que ahora operan". El popular terminó reconociendo que "aquí hay muchos intereses en juego", en alusión a las dos cajas, a su propio partido y a la oposición, pero que "todo proceso de fusión de cajas requiere la intervención de la Xunta".