El Gobierno de CiU dejó a la Generalitat pagos pendientes de 3.000 millones de euros

La Generalitat de Pasqual Maragall ha echado a andar con una losa sobre sus cuentas de 2.903 millones de euros, de los que este mismo año deberá asumir 2.036 millones. Son los gastos que el anterior Gobierno de Jordi Pujol contrajo y acumuló en los últimos ejercicios, en una gestión calificada ayer en el Parlament de "manifiestamente mejorable" por el consejero catalán de Economía y Finanzas, Antoni Castells. De los 2.903 millones, 2.193 corresponden a la sanidad. La macroauditoría de la Generalitat ha revelado que el ejercicio 2003 arrojó un déficit de 1.177 millones.

Los autores del informe económico-financiero de la Generalitat encargado por el Gobierno catalán para saber "dónde estamos" (una unidad especial de la Intervención General liderada por Josep Maria Portabella, tutelada por una comisión externa de independiente presidida por Antoni Serra Ramoneda), presentó ayer sus conclusiones, junto al consejero, ante el Parlamento catalán.

"La situación financiera es muy preocupante, nos deja con un margen de maniobra muy limitado y, sin hacer alarmismo, debemos ser responsables para asumir lo que no se ha hecho bien", valoró el consejero de Economía, Antoni Castells, en una sesión algo tormentosa en la que su antecesor, Francesc Homs, rechazó "lecciones de gestión", subrayó que no hay "irregularidades" en las cuentas y justificó el panorama por "una mera cuestión de criterio".

El criterio al que se refería Homs pasa, en esencia, por la aplicación del llamado SEC-95, un conjunto de normas contables de la Unión Europea que se emplean para determinar el déficit no financiero del sector público. Además del Estado, también están sujetas al SEC 95 las comunidades autónomas, en virtud de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Estas normas implican que en el cálculo del déficit no financiero deben incluirse otras operaciones que, sin reglas, no aparecerían en la liquidación del presupuesto.

En el caso del ejercicio 2003, la anterior Generalitat había previsto un superávit de más de siete millones de euros. El resultado contable (del mismo interventor que ha hecho la auditoría, enfatizó Homs como contradicción) ha sido finalmente de 284 millones. Pero este resultado se ve desbaratado por la aplicación de las normas contables europeas, que, según la interpretación de los autores de la auditoría, y que CiU cuestiona, obligan a realizar ajustes negativos por valor de 834 millones. Esta cantidad incluye conceptos como el déficit de las universidades públicas catalanas, empresas gestoras de inversiones como GISA, transferencias a la televisión catalana, censos enfitéuticos (una figura jurídica parecida a un leasing financiero que se utiliza para adquirir inmuebles o para conseguir liquidez) y transferencias del Estado pendientes de pago.

Tras estos ajustes, 2003 cierra con un déficit de 550 millones. Pero ésta es sólo una parte del problema. Al déficit de 2003 se le suman 627 millones de gastos que debían haberse computado el pasado ejercicio, pero que se desplazaron a 2004. De estos 627 millones, 410 corresponden a gastos sanitarios. En total, el resultado negativo de 2003 se elevó a 1.177 millones.

Gastos aplazados y deuda

El aplazamiento de gastos ha dejado a la Generalitat atada de manos. En total, hay unos gastos contraídos (que no contabilizados) hasta 2003 de 2.903 millones. El grueso de esta cantidad (2.193 millones) corresponde a gastos sanitarios. La sanidad asfixia las cuentas de la Generalitat. Todos los partidos la evocaron al clamar ayer una revisión del modelo de financiación autonómica.

El endeudamiento total de la Generalitat -para CiU, "perfectamente sostenible", y para Castells, "muy preocupante"- se eleva a 17.364 millones de euros, un 12,7% de la riqueza de Cataluña. Castells destacó, más allá del endeudamiento financiero de 9.672 millones del sector administrativo, 4.197 millones de deuda de otras empresas y organismos autónomos). Además, la deuda generada por instrumentos atípicos como el confirming (descuento de facturas), los mencionados censos enfitéuticos, créditos del ICF (entidad pública de crédito de la Generalitat) o pagos por terceros: afloran nada menos que 3.495 millones de euros. Esta clase de endeudamiento se disparó un 47% en 2003.