Gobierno y agentes sociales admiten que hay crisis y que empobrece el país

La palabra crisis ha dejado de ser anatema. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, estampará su firma el próximo martes en un documento que reconoce abiertamente que la crisis está empobreciendo el país. Se trata de la declaración que sentará las bases del diálogo social para toda la legislatura, un texto que firmarán, con el máximo rango protocolario, los líderes de la patronal y de los sindicatos en La Moncloa. La principal novedad es que se omite una de las grandes pretensiones de la patronal para salir del bache: la aplicación de reformas laborales.

Queda aparcada la posibilidad de que el Estado garantice el acceso al crédito

La declaración del diálogo social, que suscribirán el secretario general de UGT, Cándido Méndez; el de Comisiones Obreras, José María Fidalgo; el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y el de Cepyme, Jesús Bárcenas, arranca con un diagnóstico contundente de la coyuntura: "La crisis se está reflejando en un significativo aumento del desempleo, un incremento de las dificultades de acceso al crédito, unos tipos de interés más elevados, una importante desaceleración del consumo, un contexto elevado de endeudamiento de empresas y familias [...], lo cual genera empobrecimiento de nuestro país".

Entre las recetas para contrarrestarlo no figura reforma laboral alguna. El motivo es el reconocimiento de que la crisis no tiene origen laboral. Por tanto, las soluciones deben buscarse en otros terrenos, no en la flexibilización del mercado de trabajo. Esa condición -no figura expresamente en el texto, pero así se ha acordado en las reuniones previas- ha provocado tensiones en la patronal. Aunque todos han aceptado hacerse la foto en La Moncloa, una parte de la CEOE es reacia a pactar un texto que elude las reformas laborales. Flexibilidad es precisamente lo que han reclamado al Ejecutivo los 22 expertos convocados el pasado jueves por la Oficina Económica del Gobierno.

Aunque sin reformas laborales, el mercado de trabajo es considerado una prioridad. Se pretende reformar los servicios públicos de empleo, mejorar las políticas activas, facilitar la inserción de los jóvenes en el mercado y fortalecer la inspección de trabajo para que combata mejor la siniestralidad.

Con la firma de este documento antes de las vacaciones, Zapatero pretende trasladar la impresión de que ha tomado las riendas de la economía de la mano de sus principales actores: empresarios y trabajadores. Desde que el pasado 18 de junio abrió la ronda del diálogo social, el presidente se ha designado como garante de este proceso, en lugar de ceder el protagonismo al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.

Precisamente la dureza del discurso que mantiene Corbacho respecto a la inmigración ha quedado desterrada del documento de La Moncloa. El tono es similar al mantenido en la declaración que ya firmó Zapatero con los agentes sociales en 2004. La llegada de extranjeros se vincula a las necesidades del mercado laboral.

También ha quedado fuera del texto la posibilidad de que el Estado garantice a las empresas el acceso al crédito, como en algún momento sugirió la CEOE. Finalmente, se reconoce la necesidad de buscar fórmulas para facilitar ese recurso a la financiación, aunque sin mencionar el sector público.

La importancia que Zapatero otorga a los agentes sociales en esta época de turbulencias se refleja en el compromiso que adquiere por escrito de someter a consulta o negociación -según la materia- la mayor parte de las reformas que se vayan a abordar: política industrial, infraestructuras, sanidad, servicios, competencia...

Sólo habrá un elemento que los agentes sociales abordarán en solitario: la negociación colectiva. El documento alude a la voluntad de reformarla en esta ronda de diálogo, aunque sin la intervención del Ejecutivo.