El Gobierno se alía con CiU y PNV para sacar adelante la reforma fiscal

El Gobierno ha dado un giro en su política de alianzas parlamentarias para aprobar la principal medida económica de esta legislatura, la reforma fiscal. El vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, se aseguró ayer el apoyo de CiU y PNV para la reforma fiscal que hasta ahora había negociado principalmente con ERC e IU, sus socios tradicionales. A cambio, el Ejecutivo bajará de golpe en 2007 el impuesto de sociedades para las pymes, en lugar de hacerlo durante cinco años, y elevará la cantidad máxima deducible en las aportaciones a los planes de pensiones

Pese a que el Gobierno aún no ha renunciado a la idea de incorporar a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), los grupos que prácticamente han garantizado su apoyo al proyecto son Convergència y Unió (CiU) y PNV. CiU, que había presentado enmienda a la totalidad, la retirará mañana en el debate del Congreso. Eso abrirá las puertas a la aprobación final.

Al contrario que CiU, los grupos hasta ahora socios del Gobierno (IU-ICV y ERC), además del BNG y el PP, mantendrán sus enmiendas a la totalidad. Sin el acuerdo de ayer entre el Gobierno y CiU, la reforma podría haber sido tumbada en el trámite parlamentario de mañana.

Solbes se reunió por separado con los portavoces parlamentarios de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, y del PNV, Pedro Azpiazu. Los encuentros sirvieron para constatar que el nivel de coincidencia es alto. "Lo importante es que el PSOE ha optado por la vía de CiU", aseguran fuentes de esta formación.

A cambio, el Gobierno introducirá algunos cambios en su reforma fiscal. La rebaja en el impuesto de sociedades (el que pagan las empresas por sus beneficios) se aplicará de golpe para las pymes. El Gobierno pretendía reducir un punto cada año desde 2007 hasta 2011. Con este cambio, las pymes pasarán de pagar un 30% en 2006 al 25% en 2007. Para las grandes empresas, que pasarán del 35% al 30%, también se va a acelerar el calendario.

Otro de los terrenos en los que cede el Gobierno es la deducción por reinversión de plusvalías. Hacienda pretendía eliminar todas las deducciones del impuesto, incluida ésta. Finalmente se mantendrá, aunque sólo para inversión productiva.

También se da por seguro el aumento de la cantidad máxima que el contribuyente puede deducir al año de sus aportaciones al plan de pensiones. CiU asegura que los 8.000 euros que había fijado el Ejecutivo para menores de 50 años pasarán a 12.000. Quienes superen esa edad podrán deducir 15.000 frente a los 10.000 que pretendía Solbes. Hacienda subraya que estas cantidades no están cerradas. Solbes podría elevar los mínimos exentos por hijos y extender a todas las madres con hijos menores de tres años la paga o deducción de 100 euros mensuales prevista para quienes trabajan fuera de casa.

El PNV no ha presentado enmienda a la totalidad y confía en apoyar la ley tras algunas enmiendas parciales. Azpiazu explicó anoche que con Solbes se avanzó bastante en este asunto y en otros que interesan al PNV, como la renovación del cupo vasco.

Reunión con ERC

ERC no ocultó su enfado: "El hecho de que CiU se sume al acuerdo para la reforma fiscal forma parte del guión y las contrapartidas del PSOE a CiU después del pacto entre Mas y Zapatero en la Moncloa el 21 de enero para desnaturalizar el Estatut", clamó Joan Puigcercós, portavoz de ERC. Sin embargo, a última hora de la tarde, este diputado se reunió con representantes socialistas y pactó para hoy un encuentro no previsto con Solbes en el que tratará de desbloquear la negociación. ERC se planteaba anoche la posibilidad de retirar su enmienda a la totalidad si Solbes accede a sus peticiones.

Con el apoyo del PSOE y CiU, la reforma sumaría 174 votos, dos por debajo de la mayoría absoluta. El voto favorable de cualquier otro grupo, por minoritario que sea, garantiza que la reforma salga adelante.

IU-ICV, que sólo ha presentado dos enmiendas a la totalidad en la legislatura, ve imposible sumarse a esta reforma fiscal. Frente a las rebajas de impuestos, propone elevar el gasto social. "¿Necesitamos dejar de recaudar 4.500 millones de euros al año?", se pregunta su portavoz, Joan Herrera.