El Gobierno amplía a 700.000 personas la ayuda de 420 euros

El Gobierno ha dado su brazo a torcer. La ayuda extraordinaria de 420 euros se ampliará a todos aquellos parados que hayan agotado todas las prestaciones desde el 1 de enero, en lugar de desde el 1 de agosto, tal y como se establecía en el real decreto aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 13 de agosto, según ha acordado el PSOE con los grupos de izquierda en el Congreso. Con esta modificación, el Ejecutivo ampliará a 700.000 personas la cobertura, según ha confirmado el portavoz socialista, José Antonio Alonso. Al acuerdo se han sumado posteriormente los nacionalistas de CiU, PNV y Coalición Canaria. El PSOE sondeó también al PP, aunque, según el portavoz socialista, su respuesta no ha sido "explícita".

Alonso ha cifrado en 100 millones de euros al mes el coste adicional de esta ampliación, lo que supondrán 700 millones más de los previstos inicialmente. "Son cálculos hipotéticos porque todavía no sabemos las personas que lo van a solicitar; el Gobierno ha hecho un cálculo para que cualquiera que cumpla los requisitos pueda cobrar la prestación", ha asegurado el portavoz socialista.

Alonso ha calificado la medida de justa porque es una "auténtica prioridad destinar los recursos del Estado para las personas que lo necesitan". Preguntado por si el cambio en la extensión de la ayuda ha venido provocado por la falta de apoyos en el Congreso, Alonso ha explicado que ya había hablado con todos los grupos previamente a partir del decreto. La medida se materializará de la manera "más urgente posible" para que entre en vigor "a principios de noviembre", ha asegurado.

Desde que se aprobó la medida, las críticas por parte de sindicatos y partidos políticos no han cesado. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ya anunció a los sindicatos el pasado lunes una primera revisión de la fecha, hasta el 1 de junio.

Sin embargo, la posición de los representantes de los trabajadores y de los partidos de izquierda era inamovible: ninguno estaba dispuesto a apoyar la ayuda en los términos establecidos y mucho menos a convalidar el real decreto en el Parlamento.

Cada mes que se amplíe el plazo a partir del cual los parados sin prestación pueden pedir la ayuda, el coste de la medida se incrementa en 100 millones de euros más, según los datos del propio Gobierno. El Gobierno cifró la cuantía de la ayuda en 642 millones de euros; de ser correctos estos cálculos, el coste total del subsidio será de unos 1.342 millones en total.

Así, el debate y la votación de convalidación se celebrarán el día 17, pero el Gobierno tenía que buscar una salida antes porque CiU propuso una moción que incluirá expresamente la fecha del 1 de enero como referencia para cobrar la nueva prestación y los nacionalistas catalanes tenían el apoyo de todos los grupos, salvo el PSOE.

Desde IU, Llamazares exigía que el decreto pudiera tramitarse como proyecto de ley, para discutir modificaciones. Esta última posibilidad la rechaza el Gobierno. "Hemos planteado que la cobertura debe ser para la inmensa mayoría, no para el 40%; calculamos que fijando el 1 de enero como el punto de partida, se alcanzaría el 85%", aseguró Llamazares. El coordinador de IU, Cayo Lara, tachó la medida de "caritativa, equivocada, injusta, arbitraria y cicatera", y adelantó que su formación solo la aceptará si los 420 euros se pagan a "todo trabajador que se haya quedado sin subsidio", sin límite de fechas.

A Llamazares lo llamó el propio Zapatero en julio, antes de que el Consejo de Ministros aprobara el decreto, y le transmitió su intención de fijar el 1 de junio como fecha de referencia.

Sin embargo, el Gobierno estableció el 1 de agosto, una fecha destinada a cambiarse desde el mismo día de su aprobación.

Minutos antes de conocerse la noticia la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, aseguraba que el Ejecutivo estaba abierto al pacto pero recordaba que ampliar la ayuda originará un aumento del déficit. Precisamente ayer se conocía que el Estado ha gastado en lo que va de 2009 un 24,5% más que en el mismo periodo de 2008, que el déficit se ha quintuplicado hasta julio y que representa ya el 4,69% del PIB.