El Gobierno aprueba la reforma de la Función Pública

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así como el de Contratos del Sector Público, dos propuestas legislativas que afectarán a 2,5 millones de funcionarios y empleados públicos de toda España y que tienen como objetivo aumentar el nivel salarial de los funcionarios e incentivar su trabajo, así como reducir el nivel de temporalidad en las Administraciones.

El nuevo Estatuto, que cuenta con el apoyo de los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF, fija unas normas y derechos básicos para todos los empleados públicos, como el derecho a la negociación colectiva, una nueva estructura retributiva (ligada a la productividad y los rendimientos), nuevos modelos de promoción profesional, mejora las normas de acceso y la formación, e incluye medidas para reducir la temporalidad.

En concreto, según el titular de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en un plazo "no muy lejano a los cinco años", la temporalidad entre los empleados de la Administración se situará por debajo del 10%. Las retribuciones básicas serán iguales para todas las administraciones públicas, mientras que las complementarias -que tienen en cuenta factores como la especial dificultad técnica, la progresión alcanzada en la carrera y el grado de interés o de esfuerzo- serán fijadas por cada administración.

Cambiarán las pruebas de selección de empleados públicos

El proyecto de ley también propone la creación de la figura del personal directivo, que se responsabilizará directamente de los resultados de la gestión. Además, las normas de acceso y la forma de selección de los empleados públicos también cambian, ya que a las pruebas tradicionales se añaden procedimientos como la superación de cursos selectivos, la exposición curricular de los candidatos, pruebas psicotécnicas o entrevistas personales.

Asimismo, el Estatuto recoge la creación de un Código de Conducta, de obligada aplicación, que regulará los derechos y deberes de los empleados públicos. Tras su aprobación el Gobierno ha remitido el proyecto de ley al Congreso de los Diputados donde comenzará su tramitación parlamentaria.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció además, que el Estatuto incluye medidas para que se reserve, previsiblemente, un cupo del dos por ciento a las personas discapacitadas, así como un proceso de progresiva equiparación numérica entre los trabajadores de ambos sexos. Además, aseguró que el texto facilitará la transparencia de la Administración, ya que, a partir de ahora, ésta hará públicas todas sus estadísticas.

Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público

Para Sevilla, la nueva norma, "que está siendo muy valorada por los empleados públicos", mejorará sus condiciones de trabajo, modernizará la Administración y logrará unos servicios públicos de calidad. Por su parte, el proyecto de ley de Contratos del Sector Público traspone la directiva de coordinación de procedimientos de adjudicación de contratos públicos.

Ambas iniciativas pretenden contribuir al impulso de la productividad eliminando barreras de entrada al mercado de la contratación pública y aumentando la competencia, así como introduciendo en la legislación nacional el uso de criterios sociales y medioambientales en los procesos de contratación.