El Gobierno aprueba la reforma que permite invertir en Bolsa parte del Fondo de Reserva

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que permitirá, entre otras cosas, invertir en bolsa parte del fondo de reserva, conocido como "la hucha" de las pensiones.

En la actualidad, la práctica totalidad del Fondo de Reserva está invertido en activos financieros públicos. La cartera de activos se reparte entre los emitidos por el Reino de España y entre deuda no española procedente de Alemania, Francia y Países Bajos.

España es el único país con un Fondo de Reserva de esta naturaleza que no invierte en renta variable. El resto de países sí lo hacen y los porcentajes de inversión en estos valores varían desde el 2,13% de Polonia hasta casi el 90% de Jersey, pasando por algo más del 56% en Francia. La rentabilidad del Fondo español supera el 5%, frente al 10% que consiguen otros países que combinan la inversión en renta fija con la de renta variable.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que este anteproyecto, que ahora será remitido al Consejo Económico y Social (CES) para el correspondiente informe, persigue que los "ahorros de todos los españoles se aprovechen sin riesgos de la pujanza de los mercados de inversión". "Queremos rentabilizar al máximo estos ahorros, que son de todos de los ciudadanos", subrayó.

La norma que regulará el Fondo y que es fruto del acuerdo entre Gobierno, CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme, tiene precisamente por objetivo incrementar la flexibilidad en la gestión de la ''hucha'' para conseguir una mayor rentabilidad, razón por la que se amplían los activos donde podrá invertirse el Fondo.

Gestión compartida

La idea es que el Estado siga gestionando las inversiones en renta pública y que, al mismo tiempo, una parte del Fondo de Reserva aún por determinar se ponga en manos de gestores privados para su inversión posterior. Según explicaron fuentes del Ministerio de Trabajo, estos gestores, que se elegirán de acuerdo a la Ley de Contratos del Estado, tendrán un margen de libertad para decidir en qué valores se invierte, ya sean de renta fija o variable, y partirán para ello de una serie de criterios.

Así, se buscarán valores seguros, rentables, que respondan a criterios de responsabilidad social, económica y ambiental y que "diversifiquen los riesgos" para que la relación entre seguridad y rentabilidad sea óptima.

Los firmantes del acuerdo esperan mantener en los próximos días, en el ámbito de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, una reunión con el conjunto de grupos parlamentarios para exponer los contenidos del acuerdo.