El Gobierno baraja comprar suelo a las promotoras para construir vivienda de protección oficial

El estancamiento del mercado inmobiliario provocado por la caída de precios ha llevado al Gobierno a plantear que es un buen momento para comprar suelo a las promotoras inmobiliarias, lastradas por altos volúmenes de deuda ante el frenazo en las ventas, que se han reducido hasta un 30% en lo que llevamos de año, con el objetivo de destinarla a viviendas de protección oficial.

"Estamos pensando que quizás es un momento para valorar la posibilidad puesto que los precios están a un nivel que podría ser asequible para la construcción de vivienda protegida", ha afirmado Corredor en declaraciones a la Cadena Ser.

Este plan, que se está estudiando desde hace unas semanas en estrecha colaboración con el Ministerio de Economía, que es el que tiene la llave de la caja común de los fondos del Estado, se realizaría a través de un concurso público. Por su parte, el Departamento que dirige Pedro Solbes ha puntualizado que "la idea es que si hay suelo disponible se compre, pero no como medida de apoyo a esta crisis".

En cualquier caso, la ministra ha querido precisar que la medida estará sujeta a las conversaciones que el Ministerio mantendrá la próxima semana con las Comunidades Autónomas, "debemos tener todo el respeto institucional imprescindible a las comunidades", que son las que tienen las competencias en este tema.

La postura de Corredor cuenta también con el aopyo del ministro de Industria, Miguel Sebastián, que ayer afirmó que es un "buen momento para que el Gobierno compre suelo y lo destine a uso público", como alternativa a la intervención directa.

Esta iniciativa podría articularse a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), cuyo objeto principal es presisamente la promoción, adquisición y preparación de suelo para asentamientos residenciales, industriales, terciarios y de servicios, para lo cual elabora los planes y proyectos de urbanización y ejecuta las infraestructuras urbanísticas necesarias.

Respecto a los datos conocidos ayer sobre la caída del precio de la vivienda libre en un 0,3% en el segundo trimestre por primera vez en los últimos diez años, la ministra lo ha valorado positivamente, "La caída es bastante sustancial, quizás no es lo que algunas personas esperaban pero sí coloca el precio de la vivienda en el entorno del IPC". De este modo, según la ministra, el mercado inmobiliario es más "sereno" para los compradores. "Ahora mismo los compradores tienen la serenidad, la tranquilidad, necesaria para comprar una casa, sin las prisas que hasta no hace mucho había para comprar una vivienda".

Corredor ha afirmado que lo que ha ocurrido con la constructora Martinsa Fadensa, primera gran víctima del frenazo del ladrillo y que precisamente es la mayor propietaria de suelo del país, "no ha sido una sorpresa" aunque según la ministra la peor parte ha sido para las personas contratadas: "La mala noticia es para los trabajadores y para todos aquéllos que tienen contratos con ellos". Sin embargo, la ministra ha lanzado un mensaje de tranquilidad: "Me gustaría recordar que el concurso voluntario es un instrumento legal de las empresas y que va a cumplir con sus obligaciones" ha sentenciado.

Atención a los trabajadores afectados

En este sentido, también la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que el Gobierno trabajará para atender a los trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo que puedan plantearse (de momento se ha presentado uno). El Ejecutivo estudia "las vías para tratar de mitigar la situación", aunque De la Vega no ha especificado cuáles.

El único miembro del Gobierno que se atrevió ayer a valorar la situación de Martinsa-Fadesa fue el ministro de Trabajo. Celestino Corbacho consideró arriesgada la compra de Fadesa por parte de Martinsa por 4.000 millones de euros: "Esta situación pone de manifiesto que ha habido operaciones un poco arriesgadas y ésta fue una de ellas". Hoy, ha añadido sobre el expediente de regulación que su departamento no tiene "ninguna predisposición" para posicionarse en contra ni para informar favorablemente.

El Partido Popular terció en la polémica apuntando directamente al Gobierno. El líder de esta formación, Mariano Rajoy, cree que el Estado no está para salvar empresas en dificultades, sino para proporcionar las condiciones adecuadas de creación de riqueza y empleo. El secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, exigió al Ejecutivo que aclare si durante la campaña previa a las elecciones generales conocía la situación de la empresa y si le ofreció alguna "expectativa o garantía" sobre su situación.

El G-14, que agrupa a las grandes inmobiliarias, culpó a la crisis de liquidez de los problemas que atraviesa Martinsa-Fadesa. Este lobby pidió al Ejecutivo "que se pongan en marcha medidas que atenúen el problema de liquidez con el fin de evitar el efecto encadenado". Para contrarrestar las críticas, este grupo asegura haber hecho partícipe a toda la economía de la "larga etapa de fuerte actividad" y recuerda que ha sido "el primer contribuyente a las arcas públicas" durante la bonanza.