El Gobierno confía la lucha contra el fraude a la coordinación entre administraciones

El plan antifraude aprobado hoy por el Consejo de Ministros se basa en la prevención. Tras cuantificar en 35.500 millones los efectos en las arcas públicas que ha tenido la lucha contra el fraude entre 2005 y 2009, la vicepresidenta Elena Salgado ha anunciado que la coordinación entre la Seguridad Social y la Agencia Tributaria es la clave de las nuevas actuaciones. "Más importantes si cabe en este momento de crisis económica", ha añadido.

Las nuevas medidas, que entrarán en vigor inmediatamente, permiten a las empresas disponer de un certificado único que demuestre que están al corriente en sus obligaciones de pago con las administraciones públicas, ya sea en materia tributaria o de la Seguridad Social. Es ésta una iniciativa para fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones. El plan de prevención del fraude fiscal, laboral y a la Seguridad Social incluye 60 medidas con las que el Gobierno pretende incrementar ingresos en 1.000 millones de euros (un 0,1% del PIB) en 2013.

El control se centrará en el intercambio de información entre la Tesorería de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, que, según admitió Salgado, por ahora "no trabajan juntos todo lo que sería deseable". El Gobierno impulsará bases de datos comunes en los dos organismos. También se establecerá una comisión mixta para mejorar la recaudación en los grandes expedientes y en los procesos concursales. Las comunidades autónomas también deberán implicarse en esta mayor coordinación.

Las otras dos patas del plan se asientan en la lucha contra los paraísos fiscales y la coordinación de las actuaciones internacionales en aspectos como las redes transfronterizas de defraudación del IVA. Aunque la vicepresidenta económica no ha dado más información sobre estos dos aspectos. "Los defraudadores sabrán que tendrán la sanción correspondiente", ha dicho Salgado como conclusión.