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El Gobierno contratará asesores y prejubilados para intermediar en la concesión de créditos

Claudi Pérez

Los bancos no hacen banca: no prestan, no asumen riesgos. Han sobrerreaccionado a la crisis financiera tras muchos años de crédito fácil y han cerrado el grifo a las pequeñas y medianas empresas (pymes). La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, asumió ayer -a grandes rasgos- ese diagnóstico y anunció que el Gobierno va a poner en marcha una nueva figura, llamada "facilitador financiero", para canalizar las solicitudes de crédito de las pymes y autónomos a líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que hayan sido rechazadas por bancos y cajas, con el objetivo de paliar esa disfunción del sector financiero.

El Ejecutivo tiene previsto desarrollar una plataforma tecnológica, contratará asesores a través del ICO y prejubilados con experiencia en banca a través de las cámaras de comercio, para aprovechar la red territorial de las cámaras. En total serán unas 70 personas contratadas, con un presupuesto global de 10 millones de euros anuales hasta 2012. Según las estimaciones de Economía, está previsto que se gestionen unas 200.000 peticiones de crédito, con un importe máximo por operación de dos millones de euros.

Tanto los asesores como los prejubilados actuarán como intermediarios con las entidades para estudiar la posibilidad de encajar la solicitud inicialmente rechazada en alguna de las líneas ICO. Los bancos y cajas que después de ese segundo análisis otorguen más créditos tendrán premio: el Gobierno se compromete a aumentar la cobertura de morosidad de los créditos que se concedan en el marco de las líneas ICO. La nueva medida "no garantiza que la banca apruebe más operaciones", admitió Salgado.

La carestía del crédito "no sucede por problemas de solvencia de la banca española", explicó, sino por el crecimiento de la morosidad derivada de la crisis. "Las grandes empresas no tienen problemas de crédito, pero con las pymes la banca está pecando de un exceso de prudencia", criticó. La caída en la concesión de préstamos coincide en parte con los intereses de la economía española: "El crédito aumentaba demasiado deprisa y debe reducir las tasas en torno al alza del PIB nominal". "El problema es que es un cambio demasiado brusco porque el examen de las peticiones es muy superficial. Y eso, junto a otros factores, puede influir en la recuperación", concluyó.

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Sobre la firma

Claudi Pérez
Director adjunto de EL PAÍS. Excorresponsal político y económico, exredactor jefe de política nacional, excorresponsal en Bruselas durante toda la crisis del euro y anteriormente especialista en asuntos económicos internacionales. Premio Salvador de Madariaga. Madrid, y antes Bruselas, y aún antes Barcelona.

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