El Gobierno está decidido a supervisar las compras en el sector energético

El Gobierno español ha perdido una batalla. Pero sostiene que no ha perdido la guerra. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dio ayer la razón a la Comisión Europea en la polémica que rodeó el intento de compra de la eléctrica española Endesa por parte de la alemana E.ON. Los jueces de Luxemburgo han concluido, sin entrar en el fondo del asunto, que la competencia sobre la operación correspondía a Bruselas, por lo que el Ejecutivo español se metió en camisa de once varas al imponer condiciones a la operación.

Aunque el Gobierno retirará las condiciones, la sentencia no tiene efectos prácticos porque la OPA de E.ON ya es historia. Pero sí es importante por varias razones. Primero, porque el Gobierno también impuso condiciones -similares a las de E.ON- a las empresas que finalmente adquirieron Endesa, el grupo italiano Enel y el español Acciona. Y segundo, porque, tras año y medio de pugna y debate, marca el terreno de juego para otra posible gran operación en marcha: la posible entrada del grupo estatal francés Électricité de France (EDF) en Iberdrola. Ayer, la compañía española solicitó intervenir en un nuevo procedimiento contra Francia por proporcionar ayudas de Estado a EDF.

Pese a esta primera derrota, el Ejecutivo español mantiene su idea de que los Gobiernos nacionales pueden y deben supervisar las operaciones que se produzcan en el sector energético para garantizar el suministro en caso de crisis. Con esa idea, ha intentado tomar la iniciativa y, según explican fuentes de Industria, ha recurrido ante el Tribunal de Luxemburgo contra la Comisión Europea por declarar ilegales las condiciones impuestas a los compradores finales de Endesa, Enel y Acciona.

La iniciativa es un intento de que, finalmente, los jueces entren en el fondo de la polémica y decidan si la libertad de circulación de capitales en la UE, al margen de su carácter público o privado, debe de tener algún límite o no.

Por el momento, esos límites no existen. Aunque el Ejecutivo español lo ha intentado tanto en el caso de E.ON como en el de Enel y Acciona. Las condiciones, fijadas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), y suavizadas por el Ministerio de Industria, en julio y noviembre de 2006, respectivamente, fueron declaradas ilegales por la Comisión.

Bruselas estimó que las condiciones eran incompatibles con las normas del Tratado relativas a la libre circulación de capitales y a la libertad de establecimiento. En otras palabras, las interpretó como simples medidas proteccionistas cuyo único fin era impedir la compra de la eléctrica española por el grupo alemán.

En concreto, la Comisión declaró incompatibles las siguientes condiciones fijadas por el Ministerio de Industria: que Endesa conservara su marca durante un periodo de cinco años; que las empresas que poseyeran activos del sector eléctrico fuera del territorio español se mantuvieran dentro del grupo Endesa durante un periodo de cinco años; que las centrales eléctricas de Endesa que utilizan carbón nacional continuaran utilizando esa fuente energética tal como prevén los planes nacionales de explotación minera, y que E.ON no adoptara decisiones estratégicas, relativas a Endesa que afecten a la seguridad de suministro, contrarias al ordenamiento jurídico español.

En su sentencia, el Tribunal confirma que "los Estados miembros no pueden privar a las empresas y consumidores de los beneficios del Mercado Único". Confirma, además, que la Comisión debe y puede continuar controlando las medidas nacionales con el objetivo de asegurar que los Estados miembros no imponen restricciones injustificadas a las fusiones transfronterizas que son de exclusiva competencia de la Comisión.

Las empresas directamente implicadas en la pugna, E.ON, Enel y Acciona, reaccionaron ayer muy cautelosamente. Para E.ON, que está pendiente aún de cerrar la compra de activos de Endesa a Enel y Acciona, las condiciones, presuntas trabas y peleas jurídicas en Bruselas son ya historia. En su momento, cuando se aprobó la operación, aceptó las condiciones de Industria sin recurrirlas. Así lo recordaban ayer las fuentes de Industria consultadas. También destacaban, un hecho corroborado por Acciona, que ni los italianos de Enel ni Acciona han recurrido las condiciones decididas por el departamento que dirige Joan Clos para autorizar la operación.

Por esas condiciones, Bruselas mantiene abierto un procedimiento de infracción contra España, que intenta acortar el camino llevando el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.