El Gobierno declara la guerra a los "créditos milagrosos"

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la remisión a las Cortes de un proyecto de ley que regula la concesión de créditos y de préstamos hipotecarios por las empresas que no son entidades financieras así como los servicios de intermediación o reunificación de deudas. Con esta norma, el Gobierno trata de proteger los derechos de los consumidores al evitar falsos anuncios de "supuestos créditos milagrosos" o condiciones financieras "aparentemente irresistibles" y, al mismo tiempo, dotar de seguridad jurídica a estas sociedades.

El proyecto de ley, que se debatirá en el Parlamento, fija las obligaciones de transparencia e información de dichas empresas que se traducen en elementos de protección a los consumidores, ha explicado el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria.

Entre dichas obligaciones está la inscripción "imprescindible" de las compañías en un registro público estatal, que se creará para incluir a las entidades no financieras y se nutrirá fundamentamente de los registros similares autonómicos. La nueva norma regulará la transparencia en los contratos, en la publicidad que se envíe, en el tipo de interés anual aplicado o en el precio total incluyendo las comisiones y gastos.

Además, fijará la información previa que las entidades no financieras envían al consumidor para que tengan el "contenido mínimo" de los contratos, al menos, 15 días antes de su firma y si existe la obligación de que el cliente contrate un seguro de responsabilidad o un aval bancario.

Conocimiento "pleno" en cada operación

Incluirá también la posibilidad de que el consumidor pueda desistir en 14 días y tendrá la finalidad de proteger al consumidor asegurándole en todo momento un conocimiento "pleno" de los términos en que se realiza cada operación para que pueda decidir libremente.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha insistido en que el Ejecutivo quiere que el funcionamiento del sistema financiero español siga siendo "de los mejores del mundo" y evitar que entren en el mercado "insolventes, estafadores y temerarios".

El proyecto afecta a un gran número de empresas particulares, conocidas como entidades de mediación de créditos y que no están sometidas a la supervisión del Banco de España ya que no son entidades financieras.

El Gobierno explicó que a pesar de tratarse de un sector de actividad de "importancia creciente" en España, la normativa actual resulta "fragmentaria e incompleta" y se refiere fundamentalmente a las entidades de crédito convencionales.