El Gobierno incluye alojamientos de menos de 30 metros para colectivos específicos en sus opciones de VPO

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha presentado hoy a las comunidades autónomas, municipios y agentes sociales el borrador del Real Decreto de Plan Estatal de Vivienda 2009-2012. Este plan, que fija las líneas maestras de la política sobre vivienda del Gobierno para la legislatura y cuyas principales novedades han sido adelantadas hoy por EL PAÍS, amplia las ayudas a rentas más altas e impide que el dinero público se destine a la construcción de pisos de menos de 30 metros cuadrados. Aunque con una excepción: los alojamientos para colectivos específicos (como los pisos en residencias de estudiantes o similares), que por primera vez se incluyen entre las diferentes opciones de vivienda protegida que promoverá el Ministerio durante los próximos cuatro años.

Estos alojamientos constituyen una fórmula intermedia entre la vivienda individual y la residencia colectiva que dan una solución habitacional a determinados colectivos (jóvenes, universitarios, personas mayores, víctimas de malos tratos e investigadores, entre otros) que precisan de una casa por un espacio determinado de tiempo.

Según ha explicado la ministra en una rueda de prensa, la superficie máxima de las viviendas protegidas será determinada por las comunidades autónomas, aunque la superficie a efectos de financiación se mantiene en 90 metros cuadrados. Además, la mínima será determinada por las administraciones autonómicas, si bien para las que no legislen al respecto, el Ministerio establece, de forma subsidiaria, una superficie de 30 metros cuadrados.

La titular de Vivienda ha querido reseñar que con esta superficie está garantizada la habitabilidad de dos personas, y ha señalado que "llamar caja de zapatos o lata de sardinas a un sitio donde vive una persona me parece una ofensa a la dignidad".

Además, ha destacado que este plan contempla una serie de disposiciones transitorias destinadas, entre otros objetivos, a absorber el stock de viviendas terminadas sin vender, que según voces del sector podría rozar el millón al cierre de 2008.

Para agilizar la salida de este stock y para incentivar la demanda de vivienda protegida de precio concertado, la más cara de las de régimen de protección, se considerarán como terminadas y podrán ser calificadas como viviendas protegidas de precio concertado aquellas viviendas libres que dispusieran de licencia de obra antes del 1 de septiembre de 2008. En paralelo, hasta el 31 de diciembre de 2009, podrán adquirir "de forma excepcional" viviendas protegidas de precios concertado aquellos adquirientes con ingresos familiares que no excedan de 7 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem), es decir, 50.656,2 euros al año.

Oferta de compra de suelo

Por otra parte, Corredor ha anunciado hoy que desde mañana y hasta el próximo 29 de diciembre estará abierto el plazo para acudir a la oferta pública de compra de suelo a la que este departamento destinará un presupuesto inicial de 300 millones de euros. Entre las novedades, destaca que cada una de las parcelas adquiridas deberá tener una superficie que permita la construcción del al menos 300 viviendas, con la excepción de Ceuta y Melilla, donde el mínimo será de 150.

Estas parcelas, ha explicado Corredor, deberán estar situadas en municipios de más de 20.000 habitantes, dando prioridad a las zonas próximas a núcleos urbanos, así como a zonas degradadas. Asimismo, sólo se comprarán terrenos urbanizables, que de media pueden tardar entre 2 y 4 años en ser aptos para la edificación, mientras que no se adquirirán solares ya urbanizados.

Los requisitos de la oferta, aprobados hoy por el consejo de administración de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), establecen que el precio de compra será el establecido para el suelo destinado a vivienda protegida, al que se descontarán todos los costes que sean necesarios para la transformación de los terrenos.

Evitar el "estrangulamiento" de la VPO

La ministra ha subrayado que esta iniciativa servirá para dinamizar desde el sector público la urbanización de suelo para viviendas protegidas "en un momento en que el frenazo del mercado inmobiliario podría conllevar un estrangulamiento en la construcción de VPO".

El Gobierno calcula que el suelo adquirido en esta oferta permitirá la construcción de entre 15.000 y 20.000 viviendas protegdas, que serán promovidas tanto por administraciones públicas (comunidades autónomas y ayuntamientos) como por el sector privado, si bien aún no se han fijado las condiciones en las que éstos podrán acceder a esas parcelas.

Una vez cerrado el plazo de presentación de ofertas, SEPES -la entidad adquiriente- tendrá cuatro meses para su estudio y selección, ya que sólo acometerá las operaciones económicamente viables, con preferencia por los suelos que tengan un grado de desarrollo más avanzado.