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Italia suprime más de 100 provincias para reducir el déficit

El Gobierno italiano aprueba la ley para incluir un techo de déficit en la Constitución

El Gobierno italiano ha aprobado hoy un proyecto legislativo para introducir en la Constitución la abolición de la provincia como ente local estatal, lo que supondrá la desaparición de más de cien provincias italianas. La decisión fue adoptada en una reunión del Consejo de Ministros celebrada hoy en Roma, en la que también se acordó que la llamada "regla de oro" sobre el equilibrio presupuestario, según informó la presidencia del Gobierno en un comunicado.

En Italia existen 110 provincias, que son divisiones administrativas intermedias entre el municipio y la región. Las disposiciones previstas por este proyecto de ley constitucional se aplicarán también a las provincias de las regiones con estatuto especial, a excepción de las de Trento y Bolzano.

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La decisión de la supresión de la Provincia como ente local fue propuesta por el presidente del Consejo, Silvio Berlusconi, y por el ministro de Reformas, Federalismo y Simplificación Normativa, Roberto Calderoli, según el comunicado.

En cuanto a la "regla de oro" sobre el equilibrio presupuestario, una normativa que está en línea con la adoptada en otros países de la eurozona como Alemania y España, se prevé que entre en vigor a partir del ejercicio financiero de 2014.

A la salida de la reunión, el ministro de Economía, Giulio Tremonti, se ha referido al principio del equilibrio de balance y ha señalado que "no será solo un criterio contable, sino un principio de alta intensidad política y civil", al tiempo que se ha mostrado confiado en una "discusión rápida y constructiva en el parlamento por el interés del país".

En concreto, el principio será introducido en el Título Primero de la Carta Magna sobre los Derechos y los Deberes de los Ciudadanos. Según los medios italianos, que han tenido acceso al texto, su enunciado reza así: "El balance del Estado respetará el equilibrio de las entradas y de los gastos".

Además, establece que "no se permitirá recurrir al endeudamiento, excepto en las fases adversas del ciclo económico, o por un estado de necesidad que no pueda ser cubierto por las ordinarias decisiones de balance". Las excepciones deberán ser fijadas por el Parlamento con motivo de acontecimientos excepcionales y con un voto por mayoría absoluta.

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