El Ministerio de Cultura ha decidido mover por fin ficha en el terreno del control de las descargas por Internet, tras más de tres años de infructuosas negociaciones entre las partes, la industria de contenidos y los operadores de acceso (ISP). Y lo ha hecho aprovechando la Ley de Economía Sostenible, en la que se introduce la modificación de las dos leyes fundamentales en la materia: la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y La ley de Propiedad Intelectual (LPI).

En efecto, la disposición final primera de la ley apadrinada por el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, modifica las dos leyes citadas "para proteger la propiedad intelectual frente a la piratería en Internet". La modificación más relevante y que causará más polémica es la introducción en la LSSI de la "salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual" como uno de los cinco motivos por los que se puede restringir y, en su caso, interrumpir la prestación del servicio, aunque siempre por la autoridad judicial competente.

El artículo 8.1 de la LSSI sólo contempla hasta ahora cuatro causas para la restricción del acceso a Internet: la salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional; la protección de la salud pública; el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación, y la protección de la juventud y de la infancia.

Además, se introduce un nuevo apartado en ese mismo artículo en el que se otorga a los "órganos competentes" la capacidad para requerir a los operadores los datos -y la obligación de éstos a facilitarlos- que permitan la identificación de quien esté realizando la conducta vulneradora. Con esta modificación legislativa se prepara el terreno para un amplio conjunto de medidas que serán presentadas a mediados de este mes para el control de las descargas de archivos, y que no incluirán en ningún caso la desconexión de los internautas particulares, centrándose en la persecución de las web de enlaces.

Ésa es una de las novedades desconocidas hasta ahora del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, cuyo articulado hizo público ayer el Ministerio de Economía. El anteproyecto define economía sostenible como un cajón de sastre en el que cabe casi todo: "Un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades". El Gobierno establece unos mecanismos para evaluar el impacto de la ley recién nacida, entre ellos un informe anual sobre su aplicación. Entre los detalles que no habían trascendido están los siguientes:

- Sociedad de la información. La ley no concreta cómo distribuirá el Gobierno las frecuencias que quedan libres tanto de la telefonía móvil como de la televisión analógica (dividendo digital). Lo que sí aclara es que el servicio universal de banda ancha de 1 megabit por segundo previsto para 2011 se podrá dar por cualquier tecnología, y además fijar un precio máximo.

- Organismos reguladores. La Comisión Nacional de la Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Competencia y la del Sector Postal reducen sus miembros a un presidente y cuatro consejeros elegidos por seis años y sin posibilidad de reelección. Dichos organismos deberán publicar las actas de las reuniones del Consejo y los informes en que se basen las decisiones que tomen. Sus resoluciones sólo serán recurribles ante los tribunales.

- Sector financiero. Además de exigir con carácter general políticas de remuneración coherentes con una gestión del riesgo prudente, la nueva ley refuerza el nivel de exigencia del Banco de España para las entidades con problemas y establece que podrá "requerir a las entidades de crédito que limiten las remuneraciones variables cuando sean incoherentes con el mantenimiento de una base sólida de capital".

También se endurecen las multas por las infracciones graves o muy graves a las entidades y sus administradores, prácticamente triplicándolas.

La ley prevé también regular la forma en que las entidades financieras adjudican sus créditos. Lo hará mediante un Código de Transparencia, que el Ejecutivo aprobará en seis meses y que aún no ha detallado.

- Fusiones. Se liberalizan las fusiones y adquisiciones en que la empresa adquirida no facture más de 10 millones de euros en España siempre que no se supere el 30% de cuota de mercado.

- Seguros. La Dirección General de Seguros podrá inspeccionar a las entidades depositarias de fondos de pensiones para comprobar que cumplen las normas. Hasta ahora la inspección se establecía para las funciones transferidas a un tercero, por ejemplo, la comercialización.

- Formación profesional. Para compaginar la formación y el trabajo, la ley abre la posibilidad de combinar la formación presencial y a distancia. Además, permite que se concentre la enseñanza en determinados periodos del año.