El Gobierno plantea dar ayudas de 400 euros a parados sin protección

La economía se derrumba, pero los remedios sociales para ponerle freno avanzan lentamente. El Gobierno, la patronal y los sindicatos llevan meses enfrascados en el diálogo social sin obtener apenas resultados. Con el paro golpeando fuerte y los malos resultados de las elecciones europeas, el Ejecutivo necesita dar un paso adelante y exhibir una actitud reformista. Ese convencimiento ha llevado a acelerar los contactos del diálogo social, que ya tiene fecha tope para cerrar un acuerdo: el mes de julio.

Una de las propuestas más desarrolladas es la de conceder ayudas de unos 400 euros para parados sin protección. Las últimas cifras oficiales sitúan a este colectivo en torno al millón de personas, aunque el cálculo que hacen desde Trabajo reduce a unas 300.000 personas las que carecen de cualquier cobertura social. Con esa cifra la medida costaría 120 millones de euros al mes.

El empuje al proceso de diálogo se decidió hace menos de un mes. El pasado 20 de mayo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, citó a cenar a los secretarios generales de los dos sindicatos (Cándido Méndez, de UGT, e Ignacio Fernández Toxo, de Comisiones Obreras) y al presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. Desde ese momento, los contactos han sido más frecuentes y, aunque con cuentagotas, las propuestas empiezan a llegar.

La más concreta hasta ahora consiste en establecer una ayuda a los parados que hayan agotado la prestación por desempleo y el subsidio y carezcan de ingresos. Aunque las arcas públicas no atraviesan su mejor momento, el Ejecutivo está dispuesto a conceder a ese colectivo unos 400 euros mensuales durante un tiempo determinado siempre que el desempleado acepte formarse en una profesión de futuro.

En un principio se pensó en extender a esos parados la renta activa de inserción, una prestación no contributiva (no se cotiza por ella) de 422 euros al mes que reciben los mayores de 45 años que han agotado todas las prestaciones y carecen de otras rentas. Aunque esa figura ya obliga a aceptar formación, el Ejecutivo se inclina por crear una nueva prestación, pues modificar los requisitos de ésta requeriría cambios legales y un carácter de permanencia que no se le quiere dar, según explica el Ministerio de Trabajo. Actualmente cobran la renta activa de inserción menos de 90.000 personas. Aunque Trabajo no ofrece cifras sobre los posibles beneficiarios ni el coste, se trataría de aplicar unas condiciones similares a las de la renta activa (422 euros durante 11 meses) a los parados desprotegidos.

Además de contentar a los sindicatos con esta medida, el Ejecutivo tendrá que hacer un guiño también a la patronal. Los empresarios no han puesto encima de la mesa cuestiones polémicas como el abaratamiento del despido o la reforma de los convenios colectivos, según fuentes de la negociación. Sí insisten, en cambio, en pedir rebajas de cotizaciones en un momento en que la crisis hace más gravosos los costes laborales.

Los sindicatos estarían dispuestos a aceptarlo siempre y cuando fuera una medida acotada en el tiempo y se aplicaran rebajas selectivas (no a todas las contrataciones). Se trataría de revisar el programa de subvenciones al empleo, ver si funciona y modificar algunos elementos. En cualquier caso, fuentes de la CEOE reconocen que el acuerdo al que se llegue no recogerá las peticiones más maximalistas. "Será un acuerdito, sin cambios en despido, negociación colectiva ni contratos", señalan estas fuentes.

Una de las cuestiones que sí puede conseguir la patronal es que se levanten las restricciones que pesan actualmente sobre las agencias privadas de colocación. Éstas no pueden actuar ni en el sector de la construcción ni en el de administraciones públicas, unos requisitos que podrían quedar anulados con el fin de estimular el empleo en esas actividades.

Aunque participa en las negociaciones, el peso del diálogo social no recae en Trabajo. Al frente del proceso está el director de la Oficina Económica del Presidente, Javier Vallés. Ese giro responde al deseo que expresó en su día Rodríguez Zapatero de llevar las riendas del diálogo social, hasta ahora con pocos resultados.