El Gobierno tendrá manos libres para expropiar frecuencias de móvil

El Gobierno quiere seguir presumiendo de uno de los pocos aspectos de la sociedad de la información de los que puede sacar pecho: la utilización de Internet móvil, en la que España está casi a la cabeza de Europa, al contrario de lo que ocurre en Internet fijo. El Ejecutivo quiere asegurarse que haya frecuencias suficientes para proveer banda ancha móvil, y va a azuzar a las compañías a que lleguen a un acuerdo para reasignar cuanto antes la banda de frecuencias de 900 MHz que van quedando libres por la segunda generación de telefonía celular (GSM) que ya no se utilizan.

Por si no hay acuerdo -o para presionar y que lo haya-, el Ejecutivo ha utilizado la Ley de Economía Sostenible para arrogarse unos poderes extraordinarios que le permitan, en caso de que los operadores no lleguen a un acuerdo, expropiarles las frecuencias por decreto y proceder a un nuevo reparto, mediante una licitación pública, de los derechos que "puedan revertir al Estado".

Industria convocará el concurso para garantizar Internet de un mega

El artículo 56 del anteproyecto señala que "el Gobierno, mediante real decreto, podrá modificar o reconsiderar los derechos de uso privativo del espectro" con el único requisito de "mantener en todo caso el equilibrio económico financiero de los títulos habilitantes". Aunque el Gobierno ya podía modificar las concesiones por vía reglamentaria, esa decisión estaba sometida a una serie de requisitos. La nueva ley deja un mayor margen de maniobra al Gobierno al habilitarle directamente para proceder a la reasignación de la banda de 900 MHz, conocida técnicamente como refarming.

La banda de frecuencias de 900 MHz es muy codiciada por las compañías porque ofrece algunas características mejores que las utilizadas en la actualidad por UMTS-3G (1.900-2.150 MHz), ya que es más apta para ofrecer cobertura en el interior de edificios, con menor número de antenas.

El espectro radioeléctrico de esa banda tiene 35 MHz, que se reparten entre Telefónica (16,5 MHz), Vodafone (12,5 MHz) y Orange (6 MHz). Los tres operadores llegaron a un acuerdo para reasignarse las frecuencias con el objeto de reutilizarlas en la nueva tecnología UMTS. Sin embargo, la irrupción de Yoigo en el mercado, que también quiere su parte del pastel, rompió ese consenso.

El Gobierno también desea liberar las frecuencias (790-892 MHz) que van a quedar libres por el paso de la televisión analógica a la digital. Las compañías de móviles también están muy interesadas en hacerse con las mismas, para dar cabida a la explosión de servicios que tienen en marcha (televisión, descargas, redes sociales, etcétera). El anteproyecto prevé que el llamado dividendo digital se asigne antes de enero de 2015, mediante una licitación pública, y que los costes de la reorganización del espectro sean costeados por el Estado con los fondos que saque de la misma.

Otro de los aspectos incluidos en la ley es la extensión a partir del 1 de enero de 2011 de la banda ancha universal a cualquier ciudadano, independientemente del lugar donde viva, y con una velocidad mínima de un megabyte por segundo (Mbps) a través de cualquier tecnología y con un precio máximo fijado por el Gobierno, que también podrá elevar esa velocidad mínima en el futuro.

El Ministerio de Industria anunció ayer que en los próximos meses convocará los concursos para designar los operadores encargados del servicio universal. Según la consulta realizada por este departamento, Telefónica estaría interesada en prestar ese servicio en todos sus elementos y zonas; Vodafone, sólo en algunos elementos; Orange e Hispasat, en relación con el acceso a la Red en algunas zonas; Euskaltel en el País Vasco, mientras que 11888 se interesa por el servicio de consulta telefónica y Yell Publicidad por las guías. Actualmente, Telefónica presta en solitario ese servicio.

La ley también prevé que los edificios que se construyan desde 2012 incorporen infraestructuras de comunicación de acceso ultrarrápido (fibra).